Según datos del Consejo General de Poder Judicial, durante el año 2017 se produjeron en Aragón 1.789 desahucios, 1.336, en la provincia de Zaragoza. La emergencia habitacional, lejos de desaparecer, se cronifica. La diferencia actualmente está en el tipo de desalojos que se producen. Al inicio de la crisis, estos se debían al impago de las hipotecas. Pero, en este momento, debido a las moratorias y a que muchos procedimientos se encuentran paralizados en los juzgados, este tipo de desalojos ha descendido.

Hoy en día, el 60% de los desahucios de la vivienda que se producen en España se deben, sobre todo, al impago de las rentas de alquiler, consecuencia de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que redujo los contratos de 5 a 3 años y facilitó el incremento de las rentas. También se deben a una precariedad laboral sin precedentes y una subida de los alquileres por encima de los picos más altos de la época de la burbuja, lo que hace inasumible el pago a muchas familias.

Si la situación en este momento es preocupante, el futuro no es más halagüeño. Se está produciendo un fenómeno que toma fuerza, son los desahucios invisibles. Familias que se topan con una subida desmedida del alquiler o sin prórroga al finalizar su contrato, lo que les hace renunciar a su hogar. Estos no son considerados desahucios, no entran dentro de las estadísticas, pero la realidad es que las familias se quedan en la calle, sin alternativa ninguna, debido al precio desorbitante de los alquileres, y a que el Gobierno de Aragón no las contempla para los realojos de urgencia.

Tampoco considera el Gobierno de Aragón el realojo de familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda por necesidad. En Zaragoza, alrededor del 95% de las casas ocupadas son propiedad de entidades bancarias, fondos buitre o grandes tenedores. En estos últimos tiempos se están haciendo campañas mediáticas en contra de la ocupación de viviendas propiedad de entidades bancarias rescatadas con dinero público. Nada tiene que ver la desesperación de un padre y una madre con hijos a su cargo, que se quedan en la calle y que no ven otra salida que meterse en un piso vacío, con las mafias que se lucran con la okupación. Por otro lado, en Aragón, la presencia de estas mafias es casi inexistente.

Las soluciones a este problema pasan por una legislación que asegure el derecho a la vivienda, un cambio en las leyes hipotecaria y de arrendamientos urbanos para alargar la duración de los contratos de arrendamiento, para controlar el incremento de las rentas y para poner obstáculos a la especulación. También por la ampliación del parque de vivienda pública, que en España no llega al 2%, frente al 15 o 20% en el resto de Europa.

El problema de la vivienda ha cambiado, pero como constatamos en la última reunión de las plataformas antidesahucios aragonesas, los desahucios y el problema de acceso a ella siguen afectando a un número importante de familias de todo Aragón.