Aunque no hay sector de actividad que no vaya a verse afectado por la crisis del covid-19, el mayor impacto se dará en sectores precarizados y feminizados, como el turismo y la hostelería, con bajos salarios y unas tasas de temporalidad más elevadas que la media. Pero si hay un colectivo especialmente vulnerable, tanto al contagio como a la pérdida de empleo e ingresos, son las empleadas domésticas. En España hay unas 600.000, casi el equivalente a la población de Zaragoza, y una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza.

Las medidas de aislamiento social dejan al arbitrio de sus empleadores seguir pagándoles y abonando sus cotizaciones sociales. En su caso, la pérdida de ingresos es grave porque no tienen derecho a cobrar el paro. Y hay quienes los están manteniendo, pero a costa de perder derechos.

Carolina García es miembro de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza, y sabe muy bien lo que está ocurriendo en su sector. «Muchas de las que trabajan como internas ya no están disfrutando de sus días libres, y en la mayoría de los casos no van a ser remunerados», denuncia.

«A otras compañeras que hacían media jornada, sobre todo a las que no tienen papeles, las más vulnerables, les han propuesto que se queden de internas, pero con el mismo salario. Y han tenido que aceptar para no quedarse sin empleo», prosigue.

Hay extranjeras en situación irregular que siguen yendo a trabajar, pero «corren el riesgo de ser multadas en los desplazamientos, porque los jefes no les quieren firmar ningún justificante. Además, se están exponiendo a ser sancionadas por no tener papeles. Y, por supuesto, a contagiarse del coronavirus» o a transmitirlo en su entorno.

A otras mujeres que no tenían contrato las han mandado para casa, «y en algunos casos les van a compensar económicamente, pero en pocos», lamenta Carolina. Aunque la gran mayoría, con las primeras medidas de las medidas de apoyo a los trabajadores afectados por el covid-19 que tomó el Gobierno, «nos quedábamos fuera porque no tenemos derecho a la prestación por desempleo».

El colectivo protestó, y el Ejecutivo rectificó anunciando un subsidio extraordinario.

Pero solo cubriría a las que tengan contrato, «y el problema en nuestro sector es la informalidad. De las 80 socias que somos, esta medida solo beneficiaría a una».