-Usted pasó este lunes por Zaragoza para ofrecer una charla titulada ‘Resistencias comunitarias en la guerra de fronteras’. ¿En qué consiste esa guerra?

-La guerra de fronteras es un escenario bélico que han impulsado actores interesados en un espacio que ha sustituido a las fronteras tradicionales. Estas han dejado de ser una línea que separa dos países para convertirse una zona más amplia, donde se libra una batalla en la que solo muere y padece la violencia gente de un solo bando, el de las comunidades migrantes. Quien ejecuta esta violencia son los estados criminales, muy en relación, aunque siempre se quieran desmarcar, con las mafias y las redes criminales que operan en las fronteras. Están en el mismo bando. Y también en el de las industrias de la guerra y el control migratorio.

-Usted asegura que, frente a esta guerra de fronteras, hay resistencias comunitarias. ¿A qué se refiere?

-Se trata de reconocer a los migrantes como seres humanos que, como todos, se organizan políticamente y resisten. Tienen voluntades y cosas que denunciar y se organizan, aún en la mayor precariedad posible, en espacios de bosque, de barrios, de violencia… En estas resistencias hay un importante liderazgo feminista. Tienen líderes y foros donde hacen esas denuncias, entre otros Caminando Fronteras, la organización donde yo milito. Lo que nosotros queremos visibilizar es que existen estas resistencias en las que ellos son los protagonistas de su propia lucha, en contra de otras visiones que los suelen victimizar o criminalizar. Si Marruecos no se parece a un escenario tan caótico como es Libia es precisamente por estas comunidades políticas, que no dejan tregua a las mafias y a los estados criminales, reforzando espacios de protección.

-La política migratoria española depende en gran medida de Marruecos. ¿Qué implicaciones tiene esto para los derechos humanos?

-Lo que hemos visto en los últimos meses es la ejecución de las políticas más violentas y sanguinarias, tanto en la frontera como en el resto de Marruecos. Se ha optado por intentar cortar una ruta, pero al movimiento no se lo puede parar. Con la inyección de 180 millones de euros de la Unión Europea se han incrementado todas estas políticas represivas comandas desde Europa. Y se ha conseguido convertir a Marruecos en un espacio violento y caótico. Si bien este país había iniciado en el 2013 un proceso de integración, escolarizando a los niños y garantizando el acceso a la sanidad para los migrantes, de la noche a la mañana, justo después de que Angela Merkel y Pedro Sánchez se reunieran este verano en Doñana, empezaron las redadas en Marruecos. Llevamos más de 8.000 detenidos y desplazados. Se va a desplazar a 1.500 personas y se están violando los derechos más fundamentales. Y todo esto lo está haciendo el Gobierno del Partido Socialista.

-¿Ha cambiado en algo la política de fronteras con este Ejecutivo?

-Ha cambiado a peor. A veces bromeamos con que echamos de menos a Juan Ignacio Zoido, el exministro de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, y eso es mucho decir. Hemos llegado a un escenario perverso en el que un día llegaban 800 personas a la frontera sur mientras todo el foco mediático estaba puesto en las 600 venían a Valencia en el Aquarius. Se va a abrir un nuevo centro de internamiento de extranjeros en la zona de Motril cuando las organizaciones llevamos años denunciando que esos centros tienen que desaparecer. Se ha expulsado de manera sumaria a 116, algo que prohibe la ONU y que el Partido Popular no se había atrevido a hacer. El PSOE tampoco está dispuesto a revisar el sistema de acogida. Y Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones, visitó hace poco en Marruecos para apoyar su política migratoria y para decir a que los marroquíes se los iba a devolver lo más rápido posible, cuando son potenciales refugiados que huyen de conflictos como el del Rif y necesitan protección.

-¿Qué intereses económicos hay detrás de la guerra de fronteras?

-Hay una connivencia directa entre la industria armamentística y de la guerra, que provoca los desplazamientos, y la vez es industria del control de fronteras, ya que a veces se queda con las contratas para reprimir las rutas migratorias. Y vemos relaciones tan perversas como que Indra, una de las empresas que participan en todo este control, está presuntamente relacionada con la financiación ilegal del Partido Popular.

-¿Qué responsabilidad tiene la política migratoria europea sobre la existencia de mafias de tráfico de seres humanos?

-Cuando, con la violencia y las políticas de criminalización de la migración, generas espacios de represión de toda organización ciudadana democrática, abres un espacio bélico de caos perfecto para las mafias, como ocurre en Libia. Esto no era posible en Marruecos porque las comunidades de migrantes forman parte activa y legal de su sociedad civil. Pero ahora, si bien no es un Estado fallido, sí se ha convertido en un estado en guerra para las personas que se están desplazando.

-Una de las cosas que han hecho desde Caminando Fronteras ha sido precisamente denunciar la existencia de esas mafias. Y paradójicamente, su madre, Helena Maleno, está siendo procesada en Marruecos por formar parte de ellas.

-Ella es experta en trata y siempre se ha ocupado de denunciar cómo la violencia de estas redes afecta a los migrantes, especialmente a las mujeres. Pero hay que señalar a quien está detrás de esta causa, que es la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional española. Presentaron ante la Justicia un dosier criminal que fue archivado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falta de pruebas, pese a que nos llevan investigando y pinchando el teléfono desde el año 2012. Ese dosier criminal acabó en manos de la Justica marroquí, y todas las acusaciones se basan en él. A lo que se enfrenta es a una cadena perpetua por el hecho de salvar vidas. De vez en cuando escuchamos cosas sobre la persecución que sufren los defensores de los derechos humanos en América Latina, pero esto está pasando en la Europa democrática del siglo XXI. Mi madre está a la espera de una sentencia que ya tendría que haber salido. Y, por cierto, el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales ha mostrado su preocupación por que la Policía española haya usado las herramientas de las cloacas del Estado para encausar a una persona que salva vidas.