El Día Internacional de las Personas Migrantes se conmemoró ayer en todo el mundo, aunque en Zaragoza la celebración se adelantó al pasado domingo. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y Zaragoza Acoge-Bienvenidxs Refugiadxs organizamos un acto que incluyó una escenificación del drama que supone salir de un país y enfrentarse a un nuevo mundo que, muchas veces, aún siendo causante de la migración, cierra sus puertas a los migrantes. La concentración culminó con la lectura de un manifiesto que puso de relieve que todas las personas tenemos derecho a migrar en condiciones dignas y que respeten los derechos humanos, y para exigir un cambio en las políticas migratorias de España y Europa. Ambos están haciendo un diagnóstico equivocado sobre la migración, considerando los desplazamientos de personas como una amenaza, basándose en emociones más que en datos. En realidad, la migración, además de un derecho, es un bien público que reporta múltiples beneficios en los ámbitos poblacional, cultural, laboral, económico y de sostenimiento de nuestro estado de bienestar.

Muchas llegadas se realizan en condiciones lamentables y muy peligrosas que causan muertes y un enorme sufrimiento. La externalización de fronteras, las devoluciones en caliente, el mercadeo entre gobiernos en torno a los menores extranjeros no acompañados, además de ineficaces a medio y largo plazo, provocan que las personas migrantes tengan que ponerse en manos de las mafias para salvar estas barreras. Las consecuencias son desoladoras: alrededor de 678 personas migrantes han muerto intentando llegar a través del mar a nuestro país en el 2018, casi cuatro veces más que en el 2017; miles han muerto en el Mediterráneo durante el mismo periodo intentando llegar a la Unión Europea. Hoy, este mar constituye la frontera más mortífera del planeta para las personas migrantes. Las causas de esta vergüenza tienen su origen en la inexistencia de vías legales y seguras y en el incumplimiento de la legalidad internacional en materia de migraciones, refugio y asilo por parte de los gobiernos español y europeos.

Por ello exigimos el respeto de la legalidad internacional y los derechos humanos de las personas en movimiento y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en materia de reubicación y reasentamiento de solicitantes de asilo.

Pedimos la apertura de vías de tránsito seguras y legales para que las personas migrantes no tengan que arriesgar su vida para alcanzar suelo seguro, con una respuesta adecuada a las necesidades particulares de las mujeres y niñas, que enfrentan riesgos aún mayores.

Reclamamos el derecho a no tener que huir del propio país. Es imprescindible el respeto a los derechos humanos, así como políticas económicas, fiscales, comerciales y medioambientales justas que contribuyan a parar el expolio y a reducir la pobreza y la desigualdad.