Según un nuevo estudio de Plena Inclusión, federación de organizaciones españolas que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual, las prestaciones económicas perpetúan la situación de pobreza y dependencia de este colectivo ciudadano. Estas desincentivan el acceso al empleo y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo porque son incompatibles con el empleo a partir de un techo de ingresos, que en media se sitúa en 476 euros.
La tasa de desempleo de estas personas es del 38%, casi el triple que para la población general (14,55%); su tasa de actividad, tres veces menor (32% frente al 78%). Las prestaciones no incentivan el empleo porque trabajar implica en muchas ocasiones perderlas.
El estudio ¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? analiza en qué medida el sistema de protección social compensa los costes económicos añadidos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Un sobreesfuerzo que Plena Inclusión ya estimó en 24.237 euros de media estatal, con importantes diferencias territoriales. El informe pone de manifiesto que la cobertura económica de estas prestaciones es muy limitada, si se compara con el citado sobrecoste que la atención de estas personas supone para sus familias.
Las 99 prestaciones analizadas (21 nacionales y 78 autonómicas) están dispersas y el acceso a las mismas en algunos casos resulta complejo. En consecuencia, muchas personas no se benefician de las mismas por desconocimiento de su existencia o por barreras administrativas en su tramitación.
Los niveles de apoyo económico, en aquellas prestaciones que dependen de las comunidades autónomas, son muy heterogéneos. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que se viva, los apoyos económicos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias pueden ser muy desiguales.
Del conjunto de las 99 prestaciones estudiadas, prácticamente ninguna está pensada para la discapacidad intelectual. Por ejemplo, aquellas que se centran en la accesibilidad, no tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva.
Muchas de las prestaciones pretenden únicamente mejorar los niveles de ingresos de las familias en función de los niveles de renta, pero no están orientadas a promocionar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.
El estudio constata que a muchas personas con discapacidad intelectual no les sale a cuenta trabajar, pues van a obtener salarios muy moderados (11.764 euros brutos anuales de media en el 2016) y parte de lo que ingresan se les va a detraer de las prestaciones económicas que tienen concedidas.
Además, la compatibilidad entre percepción de prestaciones y rentas del trabajo, se hace depender de las rentas de toda la unidad familiar, lo cual hace que en muchas ocasiones se superen estos mínimos, y no resulten compatibles. Esta falta de incentivo impide la incorporación al mercado laboral y perpetúa el que las personas dependan de sus familias. Esto tiene consecuencias negativas, pues reduce la capacidad adquisitiva de estas familias e impide a las personas con discapacidad intelectual desarrollar su proyecto vital y gozar de sus derechos fundamentales.
