Aunque en los últimos años se han conseguido importantes avances, queda mucho por hacer para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias en nuestro país. Por eso, en la Confederación Autismo España hemos empezado el año trasladando al Ministerio de Sanidad una serie de medidas que es preciso poner en marcha y que llevan tiempo enquistadas: el plan de acción de la estrategia española en TEA y el Centro de Referencia Estatal de Autismo (Cretea). Las necesidades de nuestro colectivo no entienden de vaivenes políticos y el plan de acción, materialización efectiva de la citada Estrategia, ya no puede sufrir más retrasos; es preciso dotarle de los recursos necesarios y definir un calendario que priorice las acciones urgentes.

En cuanto al Cretea, hablamos del único recurso público que tendría nuestro país destinado específicamente a las personas con autismo. A finales del 2017, y tras los incumplimientos por parte de los diferentes gobiernos de los plazos establecidos en la estrategia española en TEA para la aprobación y puesta en marcha de su plan de acción, recibimos con alivio la propuesta del Ministerio de comenzar a dar respuesta a sus objetivos a través de un centro de referencia estatal específico en investigación y formación en TEA. Pero acabamos de conocer que este compromiso institucional, anunciado el 1 de febrero del 2018, podría no cumplirse, ya que la ministra Carcedo ha informado que las instalaciones titularidad del Imserso en León albergarían un centro de referencia estatal para mayores.

Si el Cretea no se materializa, seguirá sin darse respuesta a dos objetivos prioritarios de la estrategia: la investigación y la formación. La primera es esencial para difundir la mejor evidencia científica y promover la transferencia del conocimiento sobre la situación de las personas con TEA, así como para generar modelos de buenas prácticas que mejoren la atención y ayuden a combatir las pseudociencias (un asunto, por otro parte, prioritario para el Gobierno, que ha aprobado un plan para la protección de la salud frente a ellas). Respecto a la formación, los profesionales que trabajan con las personas con TEA deben entender la singularidad del trastorno y adquirir la capacitación necesaria para elegir la alternativa de intervención más adecuada a cada caso.

Por todo ello, y con el respaldo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), apelamos a la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y, por consiguiente, del Gobierno, para que reconduzca la situación y destine las instalaciones de León a un centro de referencia estatal específico en investigación y formación sobre el TEA. Solo así se podrán atender las demandas de un colectivo que no deja crecer y que está en torno a las 450.000 personas (casi un millón y medio si tenemos en cuenta a sus familias), ya que hablamos de un caso de TEA por cada cien nacimientos.