Escribimos esto desde Madrid. Nos conocimos en Melilla, en un centro abarrotado, completamente saturado, donde no pudimos rehacer nuestra vida. Desde España, seguimos camino hacia otros países europeos. Unos a Alemania, otros a Holanda, cada cual según sus motivos. Sentíamos que, al llegar a un lugar donde podíamos encontrar gente querida y conocida, comenzar una nueva vida sería más fácil.

Nos habíamos visto forzados a salir de nuestros hogares en situaciones muy complicadas. Nuestra familia tuvo que elegir quién corría más riesgo para salir primero. Y si dejar nuestro hogar no fue fácil, el viaje de hasta varios años que tuvimos que hacer tampoco lo fue. Pero ser el primero en salir supone una responsabilidad hacia los miembros de nuestras familias que han quedado atrás, muchas veces en situaciones de gran pobreza, en lugares donde, en el mejor de los casos, la vida no es fácil, o donde directamente corre peligro, en el peor de ellos.

La responsabilidad de hacer todo lo posible para sacarlos de allí suma mucha angustia a nuestra cotidianidad. Por eso fuimos a otros países donde el proceso de asilo fuera más rápido. En Alemania, por ejemplo, tarda apenas unos pocos meses, mientras en España puede llegar a durar dos años.

Pero no. Según el Reglamento de Dublín, las personas que solicitamos asilo en la Unión Europea solo podemos hacerlo en aquel país por el que entramos a este espacio común. Así que cuando llegamos a los destinos que cada cual había decidido nos encontramos con que debíamos volver a España que, teóricamente, había aceptado hacerse cargo de nuestras situaciones.

Volvimos a encontramos en un albergue del centro de Madrid. Al día siguiente de llegar, nos dijeron en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que no teníamos derecho al sistema de acogida e integración. Al entrar a un centro a nuestra llegada a España nos habían hecho firmar un documento, sin traducción ni explicaciones, que indicaba que marcharnos de dicho recurso suponía el abandono voluntario del sistema de acogida e integración en su conjunto. Por supuesto, nadie nos explicó esto en aquel momento. Ahora, algunos nos encontramos sin hogar.

Una abogada nos explicó que había otras personas en la misma situación, y que podíamos ir a juicio porque, teóricamente, lo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos hacía, no respecta el derecho vigente en España y en la Unión Europea.

Hoy, 16 de mayo, un grupo de personas en nuestra situación pondrá requerimientos a este ministerio, por los que se pide el cese de la vulneración de los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo y refugiadas afectadas, solicitando que se proceda a la inmediata concesión de un centro de acogida a quienes estamos en esta situación. Su negativa supondrá acudir a los tribunales para reclamar en ellos lo que consideramos que es una cuestión de derecho. En lo que respecta a quienes escribimos estas líneas, nuestros casos ya están en manos de la judicatura.