Plena Inclusión Aragón, la asociación de entidades que trabajan para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reclama a los poderes públicos que no dejen una vez más de lado a este colectivo ni a sus familiares. Seis meses después del cierre, por el estado de alarma, de los centros no residenciales que prestan servicios a estas personas, más del 80% de los usuarios mayores de 20 años sigue sin recibir los apoyos que le corresponden por derecho en la comunidad autónoma aragonesa.

Santiago Villanueva, presidente del movimiento asociativo, denuncia que, "tras meses de reuniones, el Gobierno de Aragón continúa sin dar respuesta al sobrecoste generado por el covid-19 a las entidades prestadoras de estos servicios públicos, y sin establecer un marco legal que trate de buscar el equilibrio entre la seguridad sanitaria y el ejercicio de los derechos de este colectivo".

En este sentido, Villanueva pide "directrices claras y concreción de ayudas" para poder proporcionar las terapias, los apoyos y la atención rehabilitadora que estas personas necesitan, y que dejaron de recibir durante el cierre obligado de los centros diurnos.

"Si el Ejecutivo autonómico no reacciona y articula de manera urgente medidas de apoyo y fondos que palíen esta situación, puede perderse, de manera dramática e irreversible, una buena parte de la red de servicios específicos para personas con discapacidad intelectual que, durante más de 50 años, se ha ido poniendo en marcha en Aragón con el esfuerzo de familias, profesionales y entidades", asegura. Y recuerda que su prestación es una obligación de la Administración, aunque esta delegue su gestión en entidades sin ánimo de lucro.

Cabe recordar que muchas personas con discapacidad intelectual necesitan atención las 24 horas del día, independientemente de la edad. Y, si no pueden asistir a sus centros, deben recibir el apoyo de algún familiar. Por eso, también piden un permiso laboral retribuido a cargo del Estado para quienes deban quedarse en casa cuidando de sus familiares con discapacidad cuando estos tengan que permanecer en aislamiento por un posible contagio.