El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, parece decidido a seguir en el ojo del huracán hasta apurar sus días en el cargo. En una decisión que suscitó el rechazo de sectores del mundo judicial y de todos los partidos menos el PP, Cardenal ordenó ayer perseguir a quienes participaron en manifestaciones ante sedes de la formación conservadora durante el sábado 13 de marzo, jornada de reflexión, exigiendo información sobre la autoría de los atentados del 11-M.

Cardenal instó a los fiscales jefe de los tribunales superiores y audiencias provinciales a trasladar al juzgado de guardia las denuncias que hayan recibido por las concentraciones que reunieron a miles de personas ante sedes del PP como denuncia por la falta de transparencia informativa del Ejecutivo. La medida se fundamenta en el fallo de la Junta Electoral Central, que consideró las concentraciones contrarias a la ley electoral.

Pese a la existencia de denuncias, del PP o de particulares, no está claro cómo se puede determinar quiénes participaron en ellas, habida cuenta de que sólo se tiene constancia de que la policía identificara a unos 50 manifestantes ante la sede del PP en Madrid, en la calle Génova. A falta de culpables, la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) abrió una "campaña de autoinculpación" para que los ciudadanos que lo deseen se hagan corresponsbles de las manifestaciones, "hayan participado o no" en ellas.

SIN PRECEDENTES El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Antonio Camacho, tildó la petición de Cardenal de "incomprensible" porque, dijo, prescinde de la previsión legal por la cual los fiscales valoran la existencia o no de delito antes de trasladar una denuncia al juzgado. Camacho subrayó que no hay precedentes de algo similar.

El rechazo político a la petición del fiscal general fue un clamor. El dirigente del PSOE Juan Fernando López Aguilar afirmó que la pretensión de condenar a los manifestantes del 13-M es "jurídicamente descabellada" y la actuación de Cardenal, "sumamente desafortunada desde el punto de vista jurídico y reveladora desde el punto de vista político". El líder de IU, Gaspar Llamazares aseguró que Cardenal podría haber prevaricado. Coalición Canaria y el BNG se sumaron a las críticas, al igual que el PSC, ERC, ICV y CiU.