Tras un año de sesiones, el juicio por la denominada pieza política del caso de los ERE, que ha sentado en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quedó ayer visto para sentencia después de 152 sesiones durante más un año, en el que el tribunal que juzga el caso ha oído a más de 120 testigos, a nueve peritos y a los acusados, que afrontan hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación.
El tribunal de la Audiencia de Sevilla deberá determinar ahora si la cúpula de la Administración regional urdió un plan para implantar un sistema fraudulento para el pago de ayudas a empresas en crisis con el fin, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía, de saltarse los controles fiscalizadores y establecer una red clientelar que les mantuviera en el poder durante más tiempo .
O si bien, como llegaron a decir los exdirigentes socialistas cuando estalló el caso, todo fue cosa de «cuatro o cinco golfos». Fuentes judiciales explican que por delante queda ahora un periodo complejo de análisis de toda la documentación y que el fallo no llegará antes del próximo verano, y que probablemente acabará en el Tribunal Supremo.
