La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el seno del Instituto Armado, anunció ayer que sus 29 vocales en el Consejo Asesor de Personal han presentado su dimisión (entre ellos los dos de Aragón) por considerar que "no ha servido de nada" para mejorar las condiciones de los agentes desde su creación en 2002. En palabras del presidente de la AUGC, Fernando Carrillo, "la gota que ha colmado el vaso" ha sido el uso que el nuevo director general, Carlos Gómez Arruche, ha dado al órgano.

Carrillo denunció que cuando Gómez Arruche decidió crear una comisión para el cambio del régimen disciplinario en la Guardia Civil --una de las primeras medidas que anunció-- solicitó tres vocales del Consejo Asesor de Personal para escuchar su opinión. Según Carrillo, su asociación presentó dos, que fueron rechazados por Gómez Arruche, eligiendo a otros "a dedo".

En consonancia con su retirada del Consejo Asesor de Personal, la AUGC emprenderá una "campaña negativa" para las próximas elecciones a este organismo, que se celebrarán el 26 de octubre. La AUGC asegura que el consejo ha tenido un carácter "antidemocrático" desde el momento de su creación y que los acuerdos tomados en su seno no han sido adoptados en ningún momento. De hecho, el reglamento fue impugnado en el Tribunal Superior de Madrid.

Ahora, la asociación espera que el PSOE sea consecuente con la proposición no de ley que presentó en el Congreso cuando ejercía la oposición para la regulación de las asociaciones profesionales. El programa electoral socialista dice que "se regulará el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción profesionales".