El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), se defendió ayer de las acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito derivadas de las denuncias de su antiguo socio, el empresario Vicente Vilar. Fabra anunció que ha presentado una demanda civil contra Vilar por lesionar sus "derechos al honor, la intimidad y la propia imagen" y amenazó con acciones similares contra "personas, instituciones y medios de comunicación" que "se hagan eco, sin contrastar", de las "disparatadas acusaciones".
La amistad de Vilar y Fabra, que compartían intereses en una empresa, Artemis 2000, escriturada a nombre de sus esposas y dedicada a la venta de productos fitosanitarios, se rompió cuando el empresario se creyó traicionado por el político. Villar se querelló contra Fabra por tráfico de influencias y delito contra la salud pública por influir ante el Ministerio de Agricultura para la autorización de productos nocivos para el medio ambiente, gestiones por las que, según Vilar, recibió más de 80 millones de pesetas anuales.
Fabra aseguró ayer que no se ha enriquecido en política y que sus actividades privadas siempre fueron compatibles con el cargo público. También presentó un acta notarial para demostrar que el aumento de su patrimonio inmobiliario se justifica con su sueldo y créditos.
