La Fiscalía de Avilés obstaculizó la investigación sobre la trama de la dinamita del 11-M. Un año antes de la masacre, "los Fiscales de Avilés" estimaron insuficiente el dato de que Antonio Toro Castro poseía 150 kilos de explosivo y traficaba con drogas para facilitar la intervención telefónica y los mandamientos de registro de sus propiedades, las de su cuñado Emilio Suárez Trashorras y las de "un tercer objetivo" no concretado.

Un informe complementario que el Ministerio del Interior envió ayer a la comisión investigadora del 11-M confirma que "los Fiscales de Avilés" no consideraron relevante el robo y tenencia de la dinamita. El documento, de apenas dos folios, va firmado por el teniente coronel Fernando Aldea Juán, jefe interino de la Zona de Asturias, y lleva fecha de 20 de agosto pasado. Relata cómo el 27 de febrero de 2003 --un año antes de la masacre-- la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicó a Asturias que a través de la "fuente A-1" había tenido conocimiento de que Antonio Toro Castro "poseía 150 kilos de explosivos y traficaba con drogas".

En las fechas siguientes, los guardias realizaron vigilancias de los domicilios de Toro, de su cuñado Trashorras y de "un tercer objetivo", sin observar actividades ilícitas. También obtuvieron información del registro sobre los inmuebles de los familiares de Trashorras y realizaron vigilancias y fotografías.

Con los datos obtenidos, el capitán de la unidad de policía judicial de Oviedo se entrevistó con los fiscales de Avilés, les informó de la investigación y solicitó su "asesoramiento sobre la forma de judicializar" la investigación "para obtener intervenciones telefónicas y registros domiciliarios y de fincas".

Según el informe, los fiscales afirmaron que con lo obtenido "no era posible fundamentar un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica", ya que las fuentes, que requerían permanecer anónimas, lo hacían "de muy dificil consecución".

NARCOTRAFICO Tras ello, en mayo de 2003, orientaron la investigación hacia la trama del tráfico de drogas. Las inspecciones en la mina Caolines de Merilles y en sus depósitos auxiliares no permitieron detectar el robo de explosivos. La policía judicial de Oviedo siguió trabajando en la investigación hasta septiembre-octubre de 2003 "no aportando datos de interés" sobre el asunto.