El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es "profundamente garantista".
Tras las aportaciones de los órganos consultivos y organizaciones no gubernamentales, hoy se ha presentado al Consejo de Ministros un texto "con mayor calidad jurídica, profundamente garantista y con perfecto encaje en nuestro sistema constitucional", ha enfatizado Fernández Díaz.
A su juicio, el proyecto se ha redactado con un "escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas" que la Constitución consagra.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado la incorporación de las sugerencias de los órganos consultados y ha subrayado que el texto está en consonancia con la reforma del Código Penal, de tal manera que algunos delitos y faltas han pasado a tener una sanción menor de naturaleza administrativa.
Un texto que ha pasado el dictamen de los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y la Agencia de Protección de Datos, previa consulta también a organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam.
Siete meses de consultas, en las que también ha aportado sus sugerencia la Federación Española de Municipios y Provincias. A todos ellos, el ministro del Interior ha querido agradecer sus observaciones a pesar de las discrepancias expresadas por algunos de ellos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado que "por primera vez una norma de carácter legal prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos".
Fernández Díaz ha defendido que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar "los principios de no discriminación y proporcionalidad".
El traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no podrá superar el plazo máximo de seis horas, según el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado hoy y por primera vez se regulan los registros corporales externos, más conocidos como cacheos. La nueva normativa somete los cacheos "a los principios de no discriminación o injerencia mínima"
