Durante la campaña electoral, Zapatero prometió que la ley antimaltrato sería la primera en aprobarse en el Parlamento. Y así será. La futura norma legal, que está dando sus primeros pasos en el Congreso de los Diputados, será una realidad a principios del 2005.
No se trata de la única iniciativa del Gobierno para atajar la violencia doméstica. El pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó una batería de 10 medidas urgentes. Se trata de un parche hasta que la ley entre en vigor.
Con ambas medidas, Zapatero ha conseguido el aplauso de las organizaciones feministas, las cuales, durante la pasada legislatura, estuvieron enfrentadas al Ejecutivo del PP por no querer aprobar una ley integral. El Gobierno del PSOE ha hecho caso a las asociaciones de mujeres hasta en el título de la norma, llamada contra la violencia de género, a pesar de que la expresión de género fue rechazada por los académicos de la lengua.
La ley sólo considera víctimas a las mujeres. Es decir, no habla de otros colectivos como los niños (la norma los ampara si son hijos de maltratadas) y ancianos. Este aspecto ha cosechado críticas del PP y del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambos también condenan la creación de los juzgados de la violencia sobre la mujer.
La norma ha tenido más críticas. El sector progresista del CGPJ no ve con buenos ojos la creación de tipos penales específicos. Es decir, la ley dictamina que las amenazas y las coacciones leves no son falta, sino delito, siempre y cuando las cometa un hombre.
La ley incluye medidas en el ámbito educativo, como la implantación de una asignatura para inculcar a los estudiantes la igualdad entre hombres y mujeres. Además, ofrece derechos laborales a las maltratadas, como la reducción de jornada, la movilidad geográfica o la suspensión temporal del contrato.
