El Tribunal Constitucional ha ordenado repetir el juicio celebrado en 1999 por las escuchas telefónicas ilegales que en su día practicó el ya desaparecido Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid). De esta forma, revoca por problemas de forma las penas impuestas al exdirector del Cesid, Eduardo Alonso Manglano, al excoronel Juan Alberto Perote y a otros cinco agentes por la intercepción de conversaciones del Rey, entre otras personalidades.
Por grabar de forma continuada conversaciones privadas, la Audiencia Provincial de Madrid impuso a Manglano y Perote condenas mínimas: seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en el 2001, rechazó que la seguridad del Estado justificara tales escuchas. Los condenados recurrieron en amparo al Constitucional por considerar que el tribunal que los juzgó había perdido la imparcialidad. El alto tribunal entiende que los magistrados quedaron contaminados al ordenar la reapertura del sumario.
