La Audiencia Nacional ha modificado el régimen penitenciario del exgeneral Enrique Rodríguez Galindo, por lo que podrá pasar a tercer grado sin haber cumplido la mitad de la condena de 75 años que le fue impuesta por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en octubre de 1983 (sus cadáveres fueron hallados 12 años después enterrados en una fosa de Alicante).
En el auto dictado ayer, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, se basa en el artículo 36.2 del Código Penal para justificar la aplicación del régimen general de cumplimiento, que se otorga en casos especiales a condenados a más de cinco años de prisión. Ese precepto permite cambiar el grado de un reo de acuerdo con sus posibilidades de reinserción social y siempre y cuando no esté condenado por terrorismo o delitos "cometidos en el seno de organizaciones criminales".
El pasado 19 de diciembre, el magistrado Gómez Bermúdez había rechazado la petición de excarcelación de Galindo, pero al mismo tiempo abrió la vía para que el exgeneral pudiera acogerse al tercer grado, régimen que implica pernoctar en la cárcel de lunes a jueves y disponer de los fines de semana libres.
En julio del año pasado, el Gobierno modificó las condiciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional con el fin de obligar a etarras y narcotraficantes a cumplir íntegramente sus penas de cárcel. Por ello, exigía que para lograr la excarcelación el reo debía haber cumplido la mitad de la condena si ésta superaba los cinco años de prisión.
El exgeneral Galindo lleva cuatro años y medio de cumplimiento efectivo de cárcel. Ingresó en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) en mayo del 2000, pero antes había estado 10 meses en prisión preventiva. Tras perder su condición de militar, pasó en julio del 2003 al penal civil de Ocaña (Toledo).
Galindo fue condenado por la Audiencia Nacional a 71 años de cárcel. En julio del 2001, el Tribunal aumentó su pena en cuatro años al aplicarle la agravante de prevalimiento del carácter público de su cargo en el delito de secuestro.
IBARRA PEDIRA EL INDULTO El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, defendió ayer la "inocencia" de Galindo y del teniente coronel Angel Vaquero, también condenado por el mismo caso, y aseguró que pedirá a Aznar que asuma el "riesgo" de indultarlos antes de dejar el cargo.
Por contra, el portavoz parlamentario de Eusko Alkartasuna (EA), Rafael Larreina, criticó la "doble vara de medir" a la hora de aplicar la política penitenciaria, "porque estos beneficios penitenciarios coinciden con una actitud totalmente contraria por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional en otros casos". El diputado de EB-IU Oskar Matute exigió a José Luis Rodríguez Zapatero que haga todo lo posible para que se revoque la citada medida.
