Plena inclusión España lamenta que la ley del ingreso mínimo vital, aprobada por el Gobierno el pasado viernes, no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable. Y es que existe una relación directa entre discapacidad y pobreza, puesto que una de cada tres personas en riesgo de exclusión tiene algún tipo de discapacidad, una cifra siete veces superior al resto de la población, de acuerdo a la tasa AROPE. La privacioón material severa de estos ciudadanos es un 3,4% superior a la de las personas sin discapacidad.

La confederación, que agrupa a 935 asociaciones, 41 en Aragón, constata que la nueva medida de protección social no recoge las propuestas hechas por Plena inclusion al Ejecutivo. El presidente de la entidad, Santiago López, recuerda que su organización había solicitado la consideración para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como unidad de convivencia, independiente de su grupo familiar, algo que no ha ocurrido.

Así, su situación de pobreza quedará «enmascarada por la suma de los ingresos de sus familias. En la mayoría de los casos, la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta invisible de cara a las ayudas», afirma López. Estas personas se ven obligadas a permanecer en el entorno familiar por falta de ingresos, «y esa situación les condena a una dependencia perpetua de sus familias», aclara.

En sus propuestas, Plena inclusión solicitaba, junto a la plataforma CERMI, alguna medida que compensara los sobrecostes añadidos generados por la atención a una situación de discapacidad, en la línea del complemento de monoparentalidad, que sí recoge la ley.

También proponía al Ejecutivo fortalecer el ingreso mínimo vital como un incentivador del empleo para personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, ámbito que ha quedado abierto a posteriores reglamentaciones.

Igualmente, preocupa la eliminación de la prestación por hijo a cargo para familias con hijos con una discapacidad inferior al 33%. «Esa medida supone reducir prestaciones para un grupo importante, siendo además dicha frontera del 33% una realidad dinámica y en ocasiones de dudosa fiabilidad», concluye López.