El Gobierno de Tony Blair actuará sin el aval del Parlamento en caso de atentados terroristas o catástrofes naturales, según una nueva ley de contingencia civil publicada ayer tras ser revisada a causa de las críticas de grupos de defensa de los derechos civiles. La polémica normativa da amplios poderes a la policía.
El Parlamento podrá estudiar con carácter retroactivo las medidas ya adoptadas por el Gobierno, entre las que se incluyen la restricción de acceso a determinadas zonas, la evacuación de áreas afectadas, el despliegue de fuerzas armadas, la incautación de propiedades y la prohibición de reuniones públicas. Por primera vez, la normativa prevé el establecimiento del estado de emergencia en sólo una región del país. El Ejecutivo de Londres también tendrá grandes poderes financieros en caso de ataques terroristas.
Los diputados y las organizaciones defensoras de los derechos civiles no depararon un buen recibimiento a esta ley, concebida tras los atentados del 11-S, y la Cámara pidió su revisión.
