Disney y Skype también se beneficiaron de acuerdos fiscales con el Gobierno de Luxemburgo. El 'Lux Leaks', como se ha venido a denominar la estrategia de Luxemburgo para amparar el trato fiscal ventajoso para grandes multinacionales en sus inversiones en Europa arroja nuevos datos. Mientras, El Gobierno de Luxemburgo asegura que la ley fue respetada, aunque reconoce que la legitimidad de esta política es cuestionable.
El ministerio de Finanzas de Luxemburgo ha reiterado este miércoles en respuesta a las últimas revelaciones del caso que sus acuerdos con multinacionales para minimizar el pago de impuestos son legales, aunque ha admitido que su legitimidad es cuestionable y ha apoyado las medidas internacionales y de la UE para evitar que estos casos se repitan. "Luxemburgo está de acuerdo en que la legitimidad de ciertos mecanismos, que se ajustan a la legislación aplicable, puede ser cuestionada", ha dicho el ministerio de Finanzas luxemburgués en un comunicado. La declaración tacha de "altamente dudosa" la forma en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha obtenido la nueva tanda de documentos, que muestran que también Disney y Skype se beneficiaron de decisiones tributarias anticipadas para minimizar el pago de impuestos.
"La interacción entre las reglas y las prácticas de los diferentes Estados, combinada con las reglas internacionales aplicables en la materia, así como la aplicación de las convenciones de no doble imposición, puede actualmente permitir llegar al resultado de una imposición muy ligera, casi nula", admite el comunicado.
MAL DE MUCHOS
No obstante, Luxemburgo sostiene que el problema no puede limitarse al papel de un único país. "La comunidad internacional en su conjunto queda delante de sus responsabilidades, para adaptar las reglas internacionales a las realidades actuales", afirma el comunicado.
El Gran Ducado "contribuirá activamente a las discusiones correspondientes" y apoya la intención de la Comisión de presentar un sistema de intercambio automático de información entre los Estados miembros sobre decisiones fiscales anticipadas.
AUDITORAS
Los acuerdos se concluyeron entre 2003 y 2011 y fueron elaborados con la ayuda de las cuatro grandes auditoras: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte y KPMG. La primera tanda de documentos filtrados correspondía a los acuerdos de PwC, mientras que las últimas revelaciones confirman que todas las grandes firmas de auditoría colaboraron.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha admitido ante la Eurocámara que hubo durante su mandato "excesiva ingeniería fiscal" en Luxemburgo, pero ha negado que se trate de un caso aislado y ha dicho que un total de 22 Estados miembros mantienen este tipo de acuerdos fiscales ventajosos con multinacionales.
MOCIÓN DE CENSURA
Juncker ya ha sobrevivido a una moción de censura presentada por los euroescépticos y apoyada por la extrema derecha por el caso 'Lux Leaks'. El exprimer ministro luxemburgués se ha comprometido a dejar las manos libres a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que ya investiga los acuerdos con Fiat y Amazon por posibles ayudas públicas ilegales y ha dicho que usará los documentos de 'Lux Leaks'. Vestager espera tener los primeros resultados en primavera del 2015.
Además, el presidente de la Comisión ha anunciado que propondrá una norma para establecer el intercambio automático entre los Estados miembros de información sobre acuerdos fiscales con multinacionales. Y dará un nuevo impulso a la directiva para armonizar la base del impuesto de sociedades.
