Donald Trump ha perdido el control de una de las cámaras del Congreso pero no ha renunciado a sus poderes ejecutivos para seguir imponiendo su agenda a cualquier precio. Ayer firmó una proclamación para negar el derecho de asilo a los inmigrantes que entran en Estados Unidos ilegalmente, una vuelta de tuerca más para blindar la frontera con México y disuadir la llegada de refugiados. La nueva normativa está llamada a ser impugnada en los tribunales porque, según las organizaciones de derechos humanos, vulnera la ley internacional y la legislación estadounidense. Eso mismo piensan los demócratas, que no han tardado en recordar al presidente que únicamente el Congreso tiene potestad para cambiar las normas del derecho de asilo.
Esas normas concedían hasta ahora la posibilidad de buscar refugio en EEUU a los inmigrantes que huyen de la persecución, la violencia y el abuso en sus países de origen, independientemente de si están dentro o fuera de sus fronteras o la forma que utilizaron para entrar. Pero la nueva legislación restringe ese derecho para limitarlo únicamente a aquellos que lo soliciten en los pasos aduaneros de la frontera, un requisito que deja fuera a los inmigrantes que entraron en EEUU sin papeles. «Nuestra nación está experimentando una crisis sin precedentes en la frontera sur», dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. «Los bajos estándares para alegar miedo a la persecución han permitido que entren muchos extranjeros cuyas solicitudes no tenían fundamento».
Trump ha hecho del cierre de las fronteras a la inmigración ilegal uno de sus principales caballos de batalla. Quiere construir el muro y se ha pasado la campaña de las legislativas azuzando el miedo a la caravana de inmigrantes centroamericanos que aspira a llegar hasta el Río Grande. Para frenar esa supuesta «invasión», ha enviado a 5.000 militares más a la frontera, a pesar de que la caravana se encuentra todavía en Ciudad de México, a cientos de kilómetros de la divisoria entre los dos países, una medida que muchos en EEUU han tildado de golpe publicitario.
Como ya hizo en su día para prohibir la entrada en el país a los ciudadanos de un puñado de países mayoritariamente musulmanes, Trump ha invocado los poderes para proteger la seguridad nacional para cambiar esta vez las leyes de asilo. Aquella iniciativa fue temporalmente paralizada en los tribunales porque, entre otras cosas, violaba una de las premisas del derecho al asilo, la que obliga a los jueces a evaluar cada caso según sus méritos. Y esta vez todo indica que podría correr la misma suerte.
«La ley es muy clara: cualquier persona puede solicitar el asilo independientemente de que lo haga o no en puerto de entrada o de cuál sea su estatus inmigratorio», afirmó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). «Por más que no le guste, el presidente no puede ignorar la ley».
Este año se han procesado 1,1 millones de solicitudes menos de las que se tramitaron en el año 2000, a pesar de que el número de funcionarios de la agencia encargada de tramitarlos se multiplicado desde entonces. Entre los demócratas, la decisión del presidente de cambiar la ley sin someterla a la aprobación del Congreso ha despertado protestas airadas. «Nuestra Constitución simplemente no permite al presidente reescribir las leyes a su antojo», han dicho los congresistas Jerrod Nadler y Zoe Lofgren. «El anuncio es desagradable porque busca imponer restricciones ilegales a los inmigrantes que huyen de la violencia y el abuso».
Desde que Trump es presidente, no solo se ha desplomado el número de solicitudes de asilo tramitadas en las fronteras. También se ha reducido el cupo de refugiados que EEUU acepta anualmente. De los 96.000 de media que fueron admitidos anualmente bajo la presidencia de Obama, se pasará a 30.000 en el 2019, la cifra más baja en 40 años.
EN MARCHA / La caravana de inmigrantes centroamericanos (la mayoría hondureños) que durante varios días ha recuperado fuerzas en Ciudad de México vuelve a estar lista para emprender la ruta a pie hacia la frontera con Estados Unidos, donde el Ejército enviado por Donald Trump ya está preparado para impedir su entrada. En una asamblea donde se votó a mano alzada, los inmigrantes, unos 5.000, acordaron reemprender el camino en las próximas horas hacia el estado de Querétaro. Más de 1.000 kilómetros les separan todavía de EEUU, un periplo que iniciaron a mediados de octubre en San Pedro Sula.
La Comisión de Derechos Humanos de México ha aprovechado para hacer un censo. En total se registraron a 4.814 personas, entre ellos 1.726 menores de edad y 24 embarazadas.
