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Amenazas y agresiones

El gremio de periodistas asegura que Daniel Ortega es enemigo de la prensa libre

El movimiento denominado Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua señaló que el presidente y su Gobierno reprimen de manera constante a estos profesionales

 

El gremio de periodistas asegura que Daniel Ortega es enemigo de la prensa libre -

EL PERIÓDICO
27/02/2020

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega es "enemigo de la prensa libre", dijo el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, que denunció que al menos 10 reporteros fueron agredidos por policías y parapolicías cuando cubrían manifestaciones antigubernamentales.

"Este Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es enemigo de la prensa libre, es enemigo del periodismo independiente", señaló en rueda de prensa el periodista nicaragüense Sergio Marín Cornavaca, en nombre de ese gremio.

En una declaración leída por el comunicador Julio López, ese movimiento condenó las agresiones ejercidas por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales por orden del Gobierno contra hombres y mujeres de prensa independientes mientras realizaban coberturas de protestas.

Represión constante

También exigieron el cese de la "represión institucional que criminaliza el trabajo de los periodistas y niega el derecho ciudadano de acceso a la información veraz", como establece la Constitución Política de Nicaragua.

Además, demandaron al Estado de Nicaragua el cese inmediato de robos de equipos periodísticos, así como toda agresión contra periodistas, comunicadores sociales, medios independientes, blogueros y fotógrafos. Asimismo, hicieron un llamado a los organismos internacionales "a tomar nota" de esas agresiones y "demandar a que no se continúen con estas acciones represivas del Estado contra la prensa independiente".

Amenazas de la Policía

La Policía de Nicaragua amenazó este martes a los periodistas que dieron cobertura a una frustrada marcha contra el Gobierno, misma que fue impedida por un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en las calles y en un centro comercial, en Managua.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad expulsaron con empujones a los periodistas, y un desconocido agredió al equipo gráfico de la Agencia Efe en Nicaragua, compuesto por la camarógrafa Reneé Lucía Ramos y el fotógrafo Jorge Torres.

Un policía antidisturbio amenazó de muerte al periodista Yelsin Espinoza, de la plataforma digital "Nicaragua Actual" y quien la semana pasada regresó al país tras permanecer un año en el exilio por razones de seguridad.

"Acordate que sos de la Calle Real hijo de puta y te voy a palmar (matar) a tu familia", amenazó el antimotin al periodista cuando transmitía en vivo un piquete de protesta y corrió a refugiarse en un vehículo para evitar le arrebataran sus equipos de trabajo.

Delitos graves

Al respecto, el abogado Julio Montenegro, del organismo "Defensores del Pueblo", explicó que esa amenaza es "gravísima" y es un delito que deberá ser evaluado y juzgado. "La misma Policía Nacional debe proceder de manera proactiva y debe iniciar al menos un proceso administrativo para efectos de expulsión" de ese oficial, indicó.

Advirtió que si el comportamiento de ese agente es avalado, diría mucho del comportamiento del órgano policial. Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, al menos 10 reporteros fueron objetos de algún tipo de agresión policial durante la jornada de ayer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hostigamiento policial contra los periodistas y reporteros gráficos que cubrían las protestas en Nicaragua.

Ese organismo recordó que los periodistas, en el ejercicio de su labor, no deben ser detenidos ni hostigados por las fuerzas del orden, por el contrario, tienen el deber de proteger cuando los periodistas son víctimas de actos de violencia por parte de terceros, y sus equipos y materiales no pueden ser retenidos, decomisados o destruidos. Desde 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de "golpe de Estado".