Augusto Pinochet vuelve a estar judicialmente arrinconado. Por tercera vez, el Tribunal de Apelaciones de Chile aceptó ayer desaforar al dictador para que sea juzgado por su presunta participación en el asesinato del exjefe del Ejército Carlos Prats, en 1974. Ahora sólo falta que, si la defensa de Pinochet apela al Supremo, éste confirme el levantamiento de la inmunidad y no permita que vuelva a burlar a la justicia.
El general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 al estallar una bomba colocada en su automóvil cuando llegaban a su casa de Buenos Aires (Argentina), donde vivían exiliados. Prats apoyaba al presidente socialista Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de ese año por Pinochet. Este crimen está considerado como el primero de la operación Cóndor, el plan coordinado entre todas las dictaduras del cono sur americano en los años 70 y 80 para reprimir a los opositores, aunque éstos vistieran uniforme militar.
DOS BOFETADAS EN CUATRO DIAS El desafuero de Pinochet se produce cuatro días después de que el presidente de la República, Ricardo Lagos, hiciera público el Informe de la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política, que establece que la violación de los derechos humanos durante el régimen militar fue una política de Estado.
La mayoría de los magistrados del Tribunal de Apelaciones (14 contra nueve) consideraron ayer que existen "presunciones fundadas" contra el dictador. La defensa de Pinochet puede apelar esta decisión al Tribunal Supremo, al que corresponde en última instancia resolver sobre la inmunidad del militar. Y el Supremo ya le ha levantado la inmunidad en otras dos ocasiones, la última el pasado agosto por su presunta responsabilidad en la operación Cóndor. Paralelamente, Pinochet también está siendo investigado en Chile por las cuentas secretas.
