La disputa judicial entre Argentina y los fondos especulativos ha abierto un inesperado capítulo después de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York fijara el 18 de septiembre próximo una audiencia en la que se discutirá los posibles pagos a tenedores de bonos a través del Citibank. El diario 'La Nación' habló de un "giro novedoso" en el llamado juicio del siglo. Este tribunal es una instancia superior a la del juez Thomas Griesa, quien dictaminó que Argentina debe pagarle 1300 millones de dólares a los llamados 'fondos buitre' antes que seguir cancelando sus obligaciones con el 92,3% de los acreedores con los cuales se ha estructurado la deuda en el 2005 y el 2010. Argentina depositó el dinero a esos bonistas --536 millones de dólares-- el pasado 30 de julio en el Bank of New York (BoNY), pero Griesa impidió el pago en tiempo y forma. El Gobierno de Cristina Fernández de Kichner se basa en ese hecho para negar que el país entró en 'default', como han considerado algunas calificadoras de riesgo.
En este contexto es en el que el Tribunal de Nueva York volvió a entrar en escena bajo la fórmula de "tratamiento expeditivo" y dar un dictamen antes del próximo 30 de septiembre. Ese día, Argentina tiene que abonar 186 millones de dólares del bono PAR. De no concretarse ese pago por orden de Griesa, se ampliarían las dificultades ya existen sobre los bonos Discount y el dinero retenido en el BoNY.
Argentina, que ha recibido el apoyo de los Gobiernos de Francia e Italia, los países latinoamericanos, la CEPAL y el G-77, además del FMI, ha intentado, sin éxito, demandar a EEUU ante la Corte Internacional de Justicia por "violación de sus inmunidades soberanas". Y si bien es cierto que Washington descartó toda posibilidad de dirimir el pleito en La Haya, días más tarde se ha conocido la decisión de la Corte neoyorquina.
Los bancos Citigroup y JP Morgan, el Deutsche Bank y HSBC, han explorado un camino paralelo para resolver la crisis, tratando de comprar la deuda argentina en poder de NML y Aurelius, dos de los fondos especulativos que con mayor agresividad se enfrentan con este país. Sin embargo, esa eventualidad no ha llegado a buen puerto.
Frente de batalla con NML
Fernández de Kirchner ha abierto el frente de batalla con NML, la firma de Paul Singer. La justicia argentina recibió una denuncia del Gobierno contra la empresa gráfica norteamericana Donnelley, por supuesta violación de la denominada ley antiterrorista. En un trámite resuelto con llamativa velocidad, Donnelley pidió la quiebra a un magistrado argentino el pasado viernes 8 de agosto. El lunes 10, cuando se inició la semana judicial, la bancarrota fue aceptada, y planta ubicada en la periferia bonaerense cerró. Unos 400 trabajadores fueron despedidos. El Gobierno dijo que lo ocurrido con Donnelley estaba lejos de ser una casualidad porque, detrás de esta maniobra se encuentra nada menos que NML, uno de sus accionistas. "Hay un entramado casi mafioso a nivel internacional", dijo la presidenta.
El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, dijo que la petición de aplicación de la ley tiene dos argumentos legales: "existe un delito precedente, que es la estafa fraudulenta, y un agravante, que es el hecho de que se atemorice a la población con el default y se impida al Estado nacional hacer un acto, o dejar de hacerlo".
De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), seis de cada diez personas consideraron que en la negociación con los 'buitres' el Gobierno está haciendo las cosas "de manera correcta y responsable”. Un 57,4% de los consultados creen que los responsables de la crisis son esos fondos especulativos y el juez Griesa. En tanto, un 64,9% avala la posición oficial, según la cual Argentina no ha entrado en suspensión de pagos porque ha cancelado su deuda.
