La polémica tras el 2-N está servida en Florida. El estado esperará a que se celebren las elecciones para estudiar las acusaciones republicanas de que cerca de 1.000 convictos han votado ilegalmente. Los demócratas acusan a los republicanos de acometer "una estrategia desesperada de último minuto para atacar injustamente a votantes legales", y recuerdan que en el 2000 y en este 2004 miles de personas fueron colocadas sin motivo en la lista de convictos.
