El cerco judicial sobre el primer ministro israelí, Ariel Sharon, se estrecha, y su futuro político se vislumbra incierto. La fiscalía israelí decidirá en las "próximas semanas" si procesa al dirigente conservador, después de la inculpación del empresario israelí David Appel por tratar de sobornar en 1998 a Sharon, entonces ministro de Exteriores, y a Ehud Olmert, exalcalde de Jerusalén y actual ministro de Comercio.
La demanda presentada en un tribunal de Tel-Aviv señala que Appel sobornó tanto a Sharon como a Olmert para conseguir favores políticos. El contratista expuso sus planes de llevar a cabo un centro turístico en una isla griega, para lo que trató de valerse de los favores de ambos a través de un hijo de Sharon, Gilad.
La demanda señala que "Appel llegó a un acuerdo con Gilad para pagarle cantidades desorbitadas de dinero con el objetivo de influir en Sharon en decisiones de cuestiones públicas".
La oposición ya calienta motores y ayer exigió la inmediata renuncia de Sharon. Ophir Pines- Paz, diputado laborista, subrayó que las acusaciones de corrupción son un "terremoto político sin precedentes". El líder de esta formación, Shimon Peres, encargó a su grupo parlamentario que prepare una moción de censura contra el primer ministro.
