Los datos, no solo el Gobierno, indican que el 2014 puede ser el año de la recuperación económica. De hecho, esa posibilidad fue uno de los pilares del mensaje de fin de año de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, siguiendo el discurso que se intenta imponer desde Moncloa. Una salida del túnel que puede ser real, pero que en cualquier caso no parece que vaya a satisfacer del todo nuestras expectativas. No ya las de volver a la situación de antes del 2007, algo inimaginable, sino las de generar algo más de confianza en el futuro. El gran temor es que las peores consecuencias de la recesión, como la elevadísima tasa del paro, su cronificación y la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones, hayan llegado para quedarse. De hecho, el 22% de la población española está en riesgo de pobreza, solo un punto menos que los griegos, y cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea.

En Aragón, como en el resto de territorios, las posibilidades de recuperación pasan inevitablemente por la evolución que se desprenda de la tasa de paro, muy vinculada por cierto a la capacidad de otorgar créditos financieros al tejido productivo, esencialmente a las pymes. Un escenario que, en lo político, fijará sus retos en el incremento del dinero que la comunidad recibe del Estado para intentar equilibrar unos ingresos que han caído bajo mínimos y con un déficit que no se termina de controlar.

ELECCIONES EUROPEAS

El órdago independentista en Cataluña, con el País Vasco vigilante sobre la evolución del mismo, formarán parte fundamental de la dedicación política a la que se tendrán que enfrentar los representantes de los ciudadanos en las distintas administraciones. Mientras a escala continental, la renovación de la Eurocámara servirá tanto para dar un paso más en la construcción de la Unión --el Parlamento elegirá al próximo presidente de la Comisión Europea-- como para comprobar el temido auge de las fuerzas populistas al calor del descontento por la política económica. Ese segundo aspecto de las elecciones europeas ya se está viviendo en España, donde el Gobierno del Partido Popular trata de atraerse a los segmentos más conservadores del electorado, descontentos por el incumplimiento de su programa electoral, con leyes de recortes de libertades como la de seguridad ciudadana y la del aborto.