El endurecimiento de las sanciones aplicables a quienes practican la caza furtiva parece una medida razonable y necesaria. No sólo porque está en juego la protección de una fauna cuya conservación cobra cada día mayor importancia, sino también porque se ha podido detectar la presencia por campos y montes de demasiadas escopetas descontroladas . La última noticia referida a la detención de un mando de la Guardia Civil que participó en batidas ilegales de sarrios junto con un guarda del Parque Nacional de Ordesa es suficientemente expresiva de cómo ha derivado la situación.
La caza furtiva carece a estas alturas de cualquier coartada que pudiera basarse en la necesidad de sobrevivir de quienes la practican. Ese no es hoy el caso. La matanza de animales salvajes al margen de las normas se ha convertido en un delito medioambiental y económico que requiere sanciones mucho más duras y, en definitiva, un castigo disuasor y ejemplarizante. Son demasiados los ciudadanos que jamás se plantearían transgredir las reglas de conducta más accesorias pero que, sin embargo, consideran el furtivismo poco más que una aventurilla traviesa . Esto se tiene que acabar. Para ello, elévense las multas y suprímase todo margen de tolerancia.
