Tras casi cinco años de investigaciones y de instrucción del llamado caso Plaza, por el saqueo de 150 millones en la Plataforma Logística de Zaragoza, un acuerdo entre la Fiscalía y los principales cerebros de la trama permite reducir drásticamente las penas de cárcel solicitadas y solo dos ingresarían en prisión y por mucho menos tiempo del que se pedía. La recuperación del dinero malversado ha jugado un papel destacado en este pacto que, a afectos de la administración, es positivo vistos otros procesos de corrupción y la demanda social de reintegrar lo sustraído. Pero tras el eco judicial y social del caso, que el reconocimiento de delitos se salde con estas penas deja en la ciudadanía una sensación agridulce.
