Cuando concluyó el primer periodo de estado de alarma, el pasado mes de junio, los expertos y técnicos del ministerio ya decían que el otoño y el invierno habría avances y retrocesos que obligarían a adoptar medidas restrictivas, suavizarlas y endurecerlas en función de los datos epidemiológicos. Así viene siendo desde entonces y ahora que Aragón afronta un nuevo recrudecimiento de la pandemia se vuelven a adoptar nuevas medidas que limitan el contacto social. Se adelanta el toque de queda a las 22 horas y se cierra en fin de semana la actividad no esencial a las 18 horas. Además, varias localidades de más de 10.000 habitantes, entre ellas las tres capitales de provincia, volverán a cerrarse perimetralmente.

Se puede discutir si estas medidas son las idóneas, o los criterios por los que se adelanta el cierre solo los fines de semana pero no entre semana, o por qué se restringen las reuniones privadas a cuatro personas mientras en otros espacios se puede juntar más gente. Pero lo que está muy claro es que hay que endurecer las restricciones ante el aumento de casos, que amenaza con volver a saturar los hospitales y a nivel estatal marca registros máximos ahora, once meses después de que se notificaran los primeros casos en España.

No es una situación fácil para las autoridades que deben adoptar decisiones que afectan a algunos sectores económicos y se encuentran la oposición férrea de los mismos. Está siendo evidente que a pesar de que la mayoría de los ciudadanos están actuando con gran responsabilidad, hay una minoría que se salta las restricciones y está perjudicando notablemente a la sociedad en su conjunto. Probablemente, sean los mismos que luego exijan con más dureza a las autoridades determinación, o los que más critiquen las decisiones que se adopten. Está muy claro que para sobrevivir al virus solo hay dos opciones irrenunciables: la vacunación y limitar al máximo los contactos sociales para evitar los riesgos de contagio. Solo así se podrá salir antes o evitar un posible confinamiento domiciliario que, por otra parte, es una decisión que solicitan algunos expertos y que plantean algunas comunidades autónomas, si bien no es el caso de Aragón.

Sorprende la naturalidad con la que se asumió que había que salvar la Navidad a pesar de que se esperaba un pico tan fuerte en enero. Eso también debería servir de reflexión para tener claro que sin salud no hay economía. Y eso lo deben tener claro los responsables políticos y los sectores que, si bien están muy perjudicados y tienen razón en sus protestas, exigen más laxitud a pesar de la situación crítica que se está viviendo.