El último trimestre del año, la administración pública se ahorró en Aragón 3,4 millones de euros en los diversos contratos de obras que realizó, según los datos que ha hecho públicos CCOO. De los 3,4 millones de euros, el Gobierno de Aragón dejó de gastar más de 1,6, las entidades locales 1,2 y el Estado más de 600.000, sin embargo, en porcentaje según lo licitado ha sido el Estado, con un 20%, el que más ha rebajado los precios de adjudicación. CCOO constata también que cada vez son más frecuentes las bajas temerarias aceptadas por los licitadores.

Todos estos datos generan preocupación, porque según denuncia el sindicato, este ahorro que puede parecer positivo, tiene una repercusión directa en la pérdida de empleos, ya que no hay que olvidar que son precisamente las obras públicas una de las principales responsables de la creación de empleo.

Estas circunstancias empujan a una reflexión. Por un lado, había que poner coto a contrataciones hinchadas, con un precio a veces muy superior a lo necesario, con el agravante de que en ocasiones se sobredimensionaban las obras e incluso había modificaciones que encarecían sin sentido las obras y, en algunos casos, se rozaban o se cometían incluso irregularidades. Pero una vez puesto el necesario control a estas prácticas abusivas, no conviene caer en el efecto contrario. También hay ejemplos que atestiguan el inconveniente de contratar a precios muy ajustados, como los que pone de manifiesto CCOO y que afectan directamente al empleo. Además, hay un problema añadido, y también hay ejemplos cercanos y recientes como en el caso del hospital de Alcañiz o una promoción de viviendas sociales en el zaragozano barrio de Las Fuentes, en el que la adjudicación con presupuestos muy ajustados ha conllevado que finalmente no se ejecute la obra y se acabe en los tribunales, con el riesgo de caer en indemnizaciones millonarias. En el término medio está la virtud.