La DGA ha decidido una reducción del 2% de los presupuestos autonómicos del 2014 que deberá ser aplicada por todos los departamentos del Gobierno para satisfacer los requerimientos del ministro Cristóbal Montoro después del incumplimiento de déficit del año pasado. Es decir, que las consejerías deberán embridar sus gastos para conseguir de entrada un ahorro de 80 millones de euros. Así lo ha trasladado el nuevo consejero de Hacienda, Javier Campoy, a sus compañeros de gabinete, que deberán someter las decisiones económicas a una comisión de control del gasto que abordará una difícil ecuación: decidir cómo se aplica ese plan de ajuste sin sobrepasar las líneas rojas que afecten a servicios esenciales.

El recorte no tendría que ser lineal o salomónico, pues no todas las carteras ofrecen el mismo tipo de prestaciones, ni todos los consejeros han sufrido del mismo modo las exigencias de una gestión recortada ni todas las direcciones generales han sido igual de disciplinadas hasta la fecha.

¿Se puede apretar aún más en Sanidad y en Educación mientras en pequeños oasis de las carteras de Política Territorial u Obras Públicas hay servicios que vegetan sin apenas competencias o sin gran carga de trabajo? La presidenta Luisa Fernanda Rudi ha perdido la oportunidad de una reorganización en profundidad del Pignatelli que redundará en un ahorro real, con una concentración de funciones que hubiera pasado por la eliminación de direcciones generales o incluso de algún departamento. Llegados a este punto de desequilibrio económico, y una vez aceptada la salida del anterior responsable de Hacienda, José Luis Saz, un recorte de la Administración autonómica hubiera sido de una lógica aplastante, y de efectos más inmediatos. Otra cosa es que a un año de las elecciones diera tiempo de llevarla a cabo íntegramente, o que el PP quiera someterse a ese desgaste.

A pesar de todo, el gran problema de las cuentas de la DGA para este año puede venir no solo de la indisciplina en el gasto, sino de otos ámbitos. Sigue sin racionalizarse el sector público, por ejemplo, pendiente de adelgazamiento desde que en los primeros meses de la legislatura se trazara un plan de venta de activos. Y por supuesto, también hay dudas del lado de los ingresos. Los últimos datos así lo aventuran. El indicador del consumo de energía revela que en el primer trimestre la comunidad aragonesa ha consumido menos que el mismo periodo del año pasado, y la cifra de paro, tanto del registrado en las oficinas públicas como especialmente de la EPA, ponen de relieve que la comunidad pierde empleados a toda velocidad.

Las inversiones empresariales están aún bajo cero y la capacidad de consumo del ciudadano medio sigue lastrada, por más que la benigna primavera y el encadenamiento de semanas festivas hayan generado una imagen distorsionada de determinados sectores como el de ocio, restauración y turismo. Los 140.000 desempleados que presume la Encuesta de Población Activa suponen una cifra inquietante. ¿De verdad se puede producir una recuperación económica mientras esa cantidad no baje, por lo menos, hasta los 100.000 parados?

EN ESTE escenario, no es presuntuoso suponer que la merma de ingresos por la bajada de consumo acabe desbaratando las cuentas, por lo que se deberían valorar otras opciones. La venta de patrimonio debería estar entre las primeras prioridades de la hoja de ruta del nuevo consejero para este año. De lo contrario, difícilmente se conseguirá un ajuste suficiente entre ingresos y gastos.

En todo caso, para remontar las cuentas públicas, la DGA necesita control interno pero sobre todo un Aragón más vigoroso. La presidenta del Gobierno recaló esta semana en Barcelona en su ronda de conferencias por España para poner en valor las potencialidades de la comunidad como lugar seguro y solvente con la inversión privada.

La paradoja es que mientras Rudi intentaba convencer al empresariado catalán de las bondades de la región, Francia bloqueaba definitivamente el paso de camiones por la Jacetania y el Valle de Tena, con el cierre consecutivo de los pasos de Somport y Portalet al transporte de mercancías.

Con la inversión pública congelada y el proyecto de la Travesía Central del Pirineo cada vez más lejano, urge que Madrid apoye a la comunidad autónoma y exija a Francia que adecue sus conexiones primarias con España por Aragón.

Es un ejemplo, pero sin ese empujón desde el Gobierno central será muy complicado que Aragón recupere el crecimiento que necesita tras un lustro de deterioro de la economía superior a la media del Estado. La automoción comenzará a dar alegrías a finales de año, pero mientras tanto hay que seguir buscando otras vías de especialización de la economía aragonesa que conviertan a la comunidad en un espacio realmente atractivo. Sin alternativas reales, poco podrá hacer la DGA más allá de meter la tijera.