El Tribunal Superior de Justicia de Aragón primero y el Supremo después obligan al Ayuntamiento de Zaragoza a revisar la prórroga del servicio de transporte urbano acordada en 1993 para quince años más, sin tener en cuenta los procedimientos administrativos que eran imprescindibles. Aquella prórroga fue una alcaldada del socialista González Triviño, ya que la concesión de la contrata terminaba en 1997 por lo que habría de ser revisada por otro equipo municipal. Desde que en 1993 IU inició una batalla judicial por lo que entendía una ilegalidad han pasado once años. Los tribunales le han dado la razón. ¡A buenas horas!
