La nueva etapa que se abre con el cambio político en España ha sido recibida por agentes sociales y económicos de Aragón como una oportunidad. Y no les falta razón. De entrada, el primer efecto beneficioso es que se rebajará la crispación de los últimos tres años a propósito del trasvase del Ebro, con una normalización de las relaciones DGA-Gobierno central hasta ahora maltrechas. Pero el cambio esperado debe de ser más profundo. En una entrevista que publicamos en estas mismas páginas, el presidente de la comunidad garantiza que va a trabajar para que los problemas de la comunidad y su estrategia de desarrollo sean compartidos desde Madrid. Ese es el primer objetivo, y de aquí a unos meses se tendrán que visualizar algunos avances necesarios para la comunidad que precisan de la implicación del Gobierno central. En concreto, nos referimos a numerosas infraestructuras largamente reclamadas, especialmente las mejoras en infraestructuras de transporte, o a problemas enquistados, como el escaso peso de la comunidad en las decisiones nacionales. La tarea de Iglesias y de su Ejecutivo está clara: conseguir un trato exquisito hacia las necesidades de esa España interior menos competitiva y con más condicionantes para desarrollarse.
