La llegada de ERC al Gobierno de Cataluña ha puesto de actualidad el concierto económico del que disfrutan País Vasco y Navarra. A los aragoneses ese debate nos suena a conocido, porque ya en las movilizaciones de los primeros años 90 mi partido, el PAR, consiguió que se introdujera el concierto económico en la propuesta de Estatuto de Autonomía votado por todos en las Cortes de Aragón. En los últimos días de 1995 y por una enmienda pactada por PP y PSOE, aquel concierto económico se convirtió en el acuerdo bilateral de financiación que recoge el artículo 48 de nuestro Estatuto. En todo caso, Cataluña parece buscar ahora lo que Aragón aprobó hace casi diez años o, en todo caso, una fórmula de financiación similar a la que ya recoge nuestro Estatuto. El problema está en que las Cortes Generales nos reconocieron un derecho que luego los gobiernos de Aznar han olvidado. De hecho, nuestro artículo 48 sigue durmiendo el sueño de los justos, pese a que, para que aprobáramos el actual sistema de financiación, se nos prometió que ambas partes íbamos a firmar el Acuerdo Bilateral.

Pero donde dije digo, digo Diego. Por eso, desde la óptica del PAR, este Gobierno de Aragón no debe esperar mucho más para demandar en los tribunales un derecho que nos reconoce el Estatuto. Ahora que tanto se invoca la Constitución como catecismo político de los demócratas, no debe olvidarse que para las comunidades los estatutos son también nuestra Carta Magna ni que, como tal pacto con el Estado, nos obliga a todos, a quienes asumimos el autogobierno y a quienes representan a la Administración del Estado. No deja de sorprenderme una realidad tan injusta como contraria a la lógica del Estado autonómico. Cumplidos 25 años de democracia y más de 20 de desarrollo autonómico, la Comunidad de Madrid es la más rica de España. En otras palabras, en lugar de generar muchos nuevos centros, proceso lógico en una descentralización, nuestro Estado ha hecho más fuerte el único centro que ya existía. Algo se ha hecho mal cuando las desigualdades y discriminaciones se han acentuado.

Por extraño que parezca, en una negociación con la Administración central nos encontramos con que se nos transferían por ley las competencias en Protección Civil, pero sin coste efectivo alguno. Es decir, se nos daban responsabilidades sin dinero. Los ejemplos se han multiplicado luego, porque el método del coste efectivo está lleno de trampas: tanto que ha servido para que el Gobierno central se quitara competencias y se quedaba una parte notable de los dineros usados para su gestión.

En la comarcalización, la DGA ha transferido competencias, pero ha aumentado hasta en un 50% la dotación económica que destinaba anteriormente para gestionar aquellas. El Gobierno central ha hecho lo contrario. Tanto que si se hubieran valorado económicamente con justicia las competencias transferidas, su presupuesto apenas llegaría al 40% del actual. Se ha hecho la descentralización política, pero no la económica. Y el autogobierno sin recursos económicos sirve para más bien poco. ¿De qué sirve ser dueño de tu casa o de tu tierra, si no dispones de medios económicos para mejorarla y hacerla progresar?

Al principio de mi trayectoria política, en el Aragón preautonómico, pensaba que no sería necesario ir a Madrid, porque decidiríamos desde aquí. Estos años de consejero me han dejado claro que seguimos teniendo que ir a la capital del Estado. Cabe plantearse, pues, hasta qué punto esta descentralización del Estado no esconde una nueva recentralización. No tanto por que la Constitución y los estatutos sean en sí mismos insuficientes o débiles. Más bien por que los diferentes gobiernos centrales los han usado en beneficio de su poder. Les ha preocupado más ganar su pulso de fuerza con las autonomías o con los nacionalismos periféricos que hacer fuerte el Estado.

Hablo en nombre de un partido autonomista, profundamente aragonesista, pero al mismo tiempo comprometido con la Constitución y el Estatuto. Por tanto, nadie ha de dudar de nuestra lealtad a ese proyecto común que es la España democrática. Aún así, no hemos de callar ante las injusticias ni ante las decisiones que perjudican a los aragoneses. Por eso, ahora que desde el País Vasco y Cataluña se responde al centralismo duro con propuestas fuertes de autogobierno y financiación, Aragón no debe permitir más privilegios, que los aragoneses no hemos de querer ser más que el resto de los españoles, pero tampoco menos.

Hasta ahora el proceso autonómico ha mejorado la calidad de vida de los aragoneses. Ahí queda, por ejemplo, el incremento del gasto sanitario o los avances en la financiación de la Universidad y en la educación obligatoria o en la formación profesional desde que nos han sido transferidas estas competencias. Pero todo eso lo hemos hecho en condiciones económicas precarias, gestionando las mismas competencias del Estado o más con muchísimo menos dinero. ¿Qué habríamos podido hacer si cada año recibiéramos los 56.853 millones de pesetas añadidos a la cantidad actual que, según la Fundación BBVA, corresponderían a Aragón si nuestra comunidad tuviera concierto económico?. Ahora más que nunca, los aragoneses hemos de abrir los ojos ante este nuevo debate, o pulso, sobre el Estado autonómico. Ya anticipo que al PAR no nos satisfacen promesas vagas de actualización de coste pésimamente fijado. Queremos que se haga realidad el Acuerdo Bilateral y, en general, que Aragón tenga autonomía plena y concierto económico, dos objetivos a los que, como nacionalidad histórica, tenemos tanto derecho como el que más.

*Presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón