Según el teniente de alcalde de Urbanismo, respecto a la polémica originada sobre el cierre de bares, el Ayuntamiento va a crear una comisión de trabajo con todos los grupos municipales para analizar la normativa de 1995 sobre zonas saturadas. Estaremos encantados de mostrarle las irregularidades que se han llevado a cabo desde esa Gerencia de Urbanismo para intentar legalizar lo que nunca podrán hacer, por mucho que se empeñen, haciéndonos creer que con nuevas reuniones se va a arreglar el asunto. Vamos a ser claros.
Nos parece bien que los grupos municipales estudien las ordenanzas en vigor. Deben enterarse de que llevamos a nuestras espaldas muchas reuniones, mesas del ruido, ordenanzas de todo tipo... y, de momento, el resultado es absoluta impunidad para infractores, dejación de funciones de la Administración, oídos sordos a los ciudadanos vulnerados en sus derechos fundamentales, inspecciones que no existen, vulneración de horarios, concesión de licencias indiscriminadas, denuncias a la papelera, y un largo etc. Pero lo que más nos duele es que nos tomen por tontos con esa cantinela de que lo de que hay que hacer es conjugar intereses, armonizar no se qué... También podrían leerse la última sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que el ruido no es una molestia más o menos grave, sino una vulneración de derechos fundamentales, entre otras cosas. Está bien que lo estudien, porque estudiar no ocupa lugar, se dice.
Sr. Gaspar y otros: ni existe colisión de derechos, ni el problema causado por la proliferación descontrolada de estos establecimientos requiere una solución política, sino legal. Esta clase de establecimientos no se rigen por la ley de libre comercio, sino que al estar encuadradas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas (RAMINP) se rigen por la Ley de Seguridad Ciudadana. Decimos sí al ejercicio del derecho a la libertad de empresa, pero sometida a los controles establecidos por las leyes desde el momento que hay terceros perjudicados; y sí al ocio, pero nunca legitimado bajo unos mal denominados usos sociales y a que la ley no autoriza el ejercicio antisocial de un derecho.
El Reglamento de Actividades Molestas, delimita el desarrollo de estas actividades a la obtención de las correspondientes licencias, no siendo nunca su condición discrecional por parte de la Administración, ya que los actos administrativos no son políticos ni siquiera en los casos en que pudiera existir la posibilidad de alteración de orden público.
ESTOS DERECHOS nada tienen que ver con el ejercicio de actividades ilegales, ni con el Reglamento de Actividades Molestas, ni con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ni con el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos cuya finalidad es la de preservar la legalidad y evitar daños a terceros.
Parece ser que ésta Asociación de Vecinos tiene un problema añadido, como es el de luchar incluso, para que el Ayuntamiento cumpla con su obligación en materia de información. Todos éstos incumplimientos (nos gustaría saber los motivos, mentimos, ya lo sabemos, para permitir tanta irregularidad) son los que han llevado a saturar de locales, ilegalmente instalados, que son la causa, el foco de tantos problemas para los ciudadanos. A esto hay que añadir el que la Policía no ejerza plenamente sus competencias de inspección, vigilancia y control de estos establecimientos. Al ser cuerpos jerarquizados --tanto la Nacional como la Local-- suponemos que no reciben las órdenes oportunas, convirtiendo un problema legal en político.
Las zonas Saturadas siempre nos las han querido presentar como un conflicto entre derechos. Mentira. Mentira podrida, y usted lo sabe. Otra cosa es que no les interese complicarse. Estamos siendo vejados, estafados, y no merecen ustedes nuestro respeto como representantes y garantes que debían ser de nuestros derechos.
No podemos dejar de considerar que lo más importante es que si desde el Ayuntamiento, y más concretamente desde Gerencia de Urbanismo, se hubiesen observado rigurosamente las licencias, la intervención policial hubiera sido meramente testimonial, como reconoce la propia Policía Local en un informe. Por tanto, exigimos que el Ayuntamiento clausure de inmediato las actividades ilegales; que la DGA sancione a quienes infringen conductas tipificadas como infracciones administrativas; que la Policía, tanto la Local como la Nacional, cumpla con su obligación de vigilar. Y si no es así, que sean los tribunales los que se encarguen de castigar a quienes violan nuestros derechos y a las autoridades que hacen abandono de sus funciones.
La raíz del problema comienza siempre en Gerencia de Urbanismo, y detrás de esto está el intento de modificar nuevamente la Ordenanza de Distancias Mínimas, como ya hicieron en el 95 porque beneficiaba sus intereses. Ahora ven las orejas al lobo y nuevamente lo intentarán.
*Presidente de la Asociación la Huerva
