El Gobierno de Aragón aprobó ayer un decreto trascendente y pionero porque complementa al Ingreso Mínimo Vital estatal y perfecciona y completa la cobertura de inserción para aquellas personas con más dificultades tras la pandemia. De este modo, el decreto presentado ayer por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, adapta la prestación que daba la DGA antes de que se aprobara la renta estatal, y facilitará que un pequeño grupo de personas que no iban a percibir esta última puedan acogerse a las ayudas autonómicas. Con los fondos propios que dejarán de gastarse, ya que el ingreso aragonés desaparece, se creará un nuevo apartado presupuestario destinado a la inserción social y a la dignificación de las condiciones de vida de aquellas personas que no tienen los recursos mínimos suficientes. Asimismo, los casi 2.000 ciudadanos que han solicitado el ingreso mínimo estatal lo cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
Esta iniciativa convierte a Aragón en la primera comunidad que tras la pandemia reordena los escasos recursos públicos y los optimiza sin dejar de lado a aquellos grupos que van a tener más dificultades por el virus. Tras el fiasco de la pasada legislatura -y sin que en esta se haya resuelto todavía- de no aprobar una renta básica autonómica por falta de consenso entre los grupos parlamentarios, el decreto aprobado ayer supone un avance en políticas sociales nada desdeñable.
Con esta actuación, además, vuelve a quedar en entredicho las injustas palabras del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando acusó a las comunidades autónomas de no gestionar bien estos ingresos mínimos. Estas palabras, que usó como pretexto para justificar que solo el País Vasco y Navarra las gestionarían en exclusiva mientras que en el resto sería la Administración central quien lo hiciera, vuelven a demostrarse ahora completamente inapropiadas.
