A partir del próximo día 26, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital ya podrán cobrarlo. Pero antes, la gestión y las tareas burocráticas de la tramitación deben realizarlas los ayuntamientos. El de Zaragoza y el de Teruel, ambos gobernados por el PP y Cs, ya han advertido de que esta tarea puede colapsar los servicios sociales municipales si no contratan a personal para dar celeridad al proceso. El concejal de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, ya calcula que requeriría de más de tres millones y medio de euros para ampliar el servicio con 40 personas. Mientras el Gobierno estudia que en muchos casos se pueda actuar de oficio, sin tener que tramitar la solicitud, las entidades locales insisten en la necesidad de poder utilizar los remanentes de tesorería para hacer frente a cuestiones que como esta ha generado el coronavirus. Aunque, el mayor fracaso sería que el bloqueo provocara retrasos en el cobro.
