Como éxito social refrendado por unanimidad en las Cortes aragonesas puede considerarse el proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la discriminación sexual. Falta el trámite parlamentario, pero la compacta defensa de la necesidad de esta ley, impulsada por la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que dirige Maria Victoria Broto, pone el acento en el blindaje transversal de los colectivos LGTBI. Ámbitos como el sanitario, el empleo o escolar deben ser preservados. Por justicia social no deben permitirse casos de discriminación. Una cuestión de ley.
