El consejero Antonio Suárez asegura que los ayuntamientos aragoneses, y en concreto el de Zaragoza, podrán seguir ofreciendo los mismos servicios a pesar de la entrada en vigor de la nueva ley de Régimen Local que nació para ordenar las competencias de los distintos niveles de la Administración. De ser así, quedarían sin argumentos las críticas y los temores de los consistorios, pero el problema de fondo seguiría siendo el mismo: qué institución acabará financiando los costes. La gran pregunta es para qué se ha cambiado la ley, si todo sigue igual.
