Como era previsible desde que el mismo Quim Torra admitió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que había cometido un acto de desobediencia, el Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la inhabilitación a la que el TSJC condenó al 'president' de la Generalitat por haber colgado una pancarta a favor los presos del 1-O en la fachada del edificio de la Generalitat en plena campaña electoral. Torra, pues, no puede desempeñar las funciones de jefe de Gobierno.
Más allá de las estériles retórica y gestualidad a las que es tan aficionado, la realidad es que ya no debe ejercer como presidente, y que ahora empieza un proceso legal que tiene que conducir, cuanto antes mejor, a la convocatoria de elecciones en Cataluña. En este sentido, el presidente del 'Parlament', Roger Torrent, debe ser fiel a su postura de escuchar a los servicios jurídicos y cumplir la reglamentación. El 'Parlament', aunque algunos lo olviden, representa a todos los catalanes, no solo a la mayoría (parlamentaria) independentista. O a una parte de ella. A principios de año, Torra dio por finiquitada esta legislatura.
Ni la emergencia sanitaria a causa del covid ni la consiguiente crisis económica y social desmienten su diagnóstico de la situación de parálisis en la que se encuentra un 'Govern' dividido por las disputas de los partidos que lo conforman. La sociedad catalana no puede permitirse el enésimo pulso institucional con los poderes del Estado.
