No es posible entender el juicio que comenzó ayer en Barbastro, y seguramente acabará hoy, sin tener en cuenta sus intríngulis eclesiásticos y las posteriores implicaciones políticas. Básicamente, el contencioso se originó en el seno de la Iglesia Católica y más tarde ha quedado atrapado en los engranajes de la máquina nacionalista. Un total de 111 piezas artísticas (casi todas ellas datadas en el medievo) están en disputa. Y aunque Roma ha dado la razón a Aragón, el hecho de que formen parte de la colección del Museo de Lérida, regido por un consorcio que incluye instituciones de la Administración catalana, lo ha complicado todo aún más. Ahora, la justicia ordinaria deberá resolver.

Las piezas en litigo proceden de parroquias aragonesas que en los siglos XIX y XX pertenecían a la diócesis ilerdense. En un momento dado, el titular de dicha circunscripción religiosa, el obispo Meseguer, muy citado ayer por peritos y testigos, empezó a recoger imágenes, tablas y otros objetos para evitar no solo la posible acción de los ladrones, sino la venta de aquellos bienes a los anticuarios por parte de los propios párrocos. Por supuesto, como ahora ha reconocido el conservador del Museo de Lérida, no hubo facturas ni pagos acreditados ni documento alguno que permita justificar lo que en su día fue pura y simplemente una orden de la correspondiente jerarquía eclesiástica.

En los años Ochenta del pasado siglo, las parroquias aragonesas pasaron a la diócesis de Barbastro cuando el Vaticano decidió ceñir los límites de su particular organización a los de las administraciones civiles. En teoría, las obras trasladadas a Lérida debían devolverse junto con templos y bienes de cualquier tipo. Fue entonces cuando empezó la resistencia a la retrocesión, que fue convirtiéndose con rapidez en un conflicto político.

En este complejo pero absurdo marco se ha desarrollado el tira y afloja de una pugna que finalmente debe quedar resuelta de la única manera posible: colocando cada cosa en su punto de origen. Carece de sentido que el nacionalismo catalán, sea religioso o laico, quiera adornarse con plumas ajenas, o ignore unos límites administrativos y políticos que existen desde hace siglos. Pero reclamar racionalidad y lógica en estos temas es ya inútil. Que los jueces digan la última palabra. A ver si se acaba el lío.