A finales de octubre, el Congreso aprobó una moción que exige en el 2020 el cierre de todas las centrales térmicas que emitan más de 550 gramos de CO2 por kilovatio. La de Andorra supera esa cifra. La moción, de Podemos, fue apoyada por el PSOE y C’s. Sin embargo, en Aragón, la consejera de Economía, Marta Gastón, insiste en la defensa de la central aragonesa. Una contradicción que se debería aclarar, al margen del territorio en que se exprese.