El juez José Castro, que ha instruido el caso Nóos, dio ayer por cerrada la investigación con un auto de 167 folios en el que resume las conclusiones y deduce las peticiones de procesamiento. Entre las 16 personas que el juez cree que deben sentarse en el banquillo destacan los nombres de Iñaki Urdangarin y de su esposa, la infanta Cristina, hermana de Felipe VI. A seis días de su proclamación, el Rey afronta su primer gran reto. Ya en su discurso ante las Cortes hizo una solemne declaración de respeto a la independencia judicial, y ayer mismo la Zarzuela ratificó ese principio.

Ahora habrá que esperar al recurso de las partes para que la Audiencia de Palma decida si hay que mantener imputada a la infanta. En su meticulosa resolución, que está a disposición de los ciudadanos en internet, el juez expone los motivos que le han llevado a mantener la imputación por delito fiscal y blanqueo de capitales. Para Castro, la hermana del Rey era parte activa de la trama por la que las ganancias obtenidas por la Fundación Nóos (que, recordémoslo, no tenía ánimo de lucro) llegaban a la sociedad patrimonial Aizoon y servían para pagar gastos familiares y eludir contribuciones al fisco. El juez sostiene que Cristina "actuó como escudo frente a Hacienda". Por el contrario, la fiscalía, que en este caso asume la peculiar tarea de actuar como segunda defensa, asegura que no existe ningún argumento que desmonte la idea de que ella era un sujeto pasivo, ajeno a las operaciones de su marido. Para el fiscal Pedro Horrach, que en el resto del auto coincide plenamente con el juez, la infanta se encuentra en esta situación por ser quien es, con lo que vendría a decir que la ley no es igual para todos porque cualquier otra esposa no estaría imputada. Cristina cuenta, pues, con un aliado potente de su defensa --ejercida por Miquel Roca--, además de la propia Agencia Tributaria, que tampoco se siente perjudicada.

Sin duda, estas son bazas importantes a la hora de evaluar el futuro procesal de Cristina, pero no hay que olvidar que también existe el juicio de una opinión pública muy sensibilizada ante asuntos de (presunta) corrupción. En cualquier caso, la resolución del recurso de la infanta no se conocerá hasta pasado el verano y el juicio no se abrirá hasta finales del 2015. Imputada o no, el caso seguirá pesando sobre las espaldas de Felipe VI.