Algo funciona mal cuando las denuncias contra las constructoras por deficiencias en la construcción de viviendas terminan en el juzgado, sin que la Administración sea capaz de obligarlas a cumplir con los compromisos adquiridos con los compradores mediante contrato. La Administración debería tomar nota de esas denuncias, que casi siempre recaen en las mismas empresas, y establecer los mecanismos necesarios para evitar que vuelva a suceder, bien porque las sanciones son más elevadas y no compensa, bien porque se les inhabilita. Lo que no hay derecho es que los compradores pasen meses y años luchando por sus derechos.
