La Justicia es algo más que un principio constitucional; es uno de los pilares esenciales de toda sociedad. Proporcionar defensa jurídica a los ciudadanos que carecen de medios económicos es el fin de lo que denominamos «asistencia jurídica gratuita», que se organiza fundamentalmente a través del turno de oficio de los colegios de abogados.
Lo que hoy es la asistencia jurídica gratuita nació en la abogacía hace siglos por motivos caritativos y de benevolencia gremial. Pero hoy en día es un derecho legal; no es caridad. Ninguna sociedad puede tildarse de avanzada y democrática sin garantizar una administración de justicia universal y que garantice la igualdad de las partes en los litigios. Para esto último todos habrán de tener derecho a valerse de los profesionales adecuados.
Nuestro Estado garantiza a través de sus leyes esta igualdad en los medios necesarios para litigar. Y para las personas sin recursos económicos se vale de la amplia organización que dispensan los colegios de abogados y los miles de profesionales que se prestan a asumir la defensa de sus conciudadanos. Sin embargo, esta obligación del Estado no siempre se acompasa de los medios precisos.
La abogacía española lleva trece años analizando la situación de la asistencia jurídica gratuita a través de datos objetivos. Se acaba de hacer público el XIII Informe, el correspondiente al año 2018, que arroja datos significativos y que evidencian el insuficiente compromiso presupuestario del Estado, tanto de la Administración General como de las comunidades autónomas que cuentan con transferencias en esta materia. Esta dejación en la dotación de medios a la justicia se evidencia con más intensidad en la justicia gratuita.
Aunque es difícil saber la inversión total de las distintas administraciones públicas en justicia, al menos podemos calcular que superará los 3.000 millones sobradamente. De esta cifra, 269 millones de euros se han destinado en 2018 a garantizar la asistencia y defensa jurídica a toda la población con rentas muy limitadas, incluyendo además el asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia de género y la asistencia a los detenidos y presos.
La inversión en justicia gratuita en 2018 es similar a la que el Estado dedicaba hace una década. Desde 2009 el gasto fue paulatinamente disminuyendo, a pesar de que el número de asuntos tenían una tendencia al alza, y ha sido a partir de 2016 cuando se han ido recuperando los importes anteriores. Esta labor de asistencia jurídica gratuita se ha realizado en España a través de 46.130 abogadas y abogados que, por cada asunto, han percibido una media de 142 €, suponiendo una carga económica para el ciudadano de 5’76 €/año. Con ello se han efectuado 1.890.250 intervenciones: desde las asistencias en centros policiales todos los días del año y a cualquier hora, hasta la llevanza de pleitos en todos los órdenes jurisdiccionales.
Pero si la situación general en España dista de ser la óptima, en Aragón quizás nos alejamos un poco más de lo ideal: la inversión en justicia gratuita fue de 3.756.416 € para atender lo siguiente: 16.000 procesos; más de 9.500 intervenciones y defensas a detenidos; y 1.325 asistencias y procesos a víctimas de violencia de género. Todo lo anterior con un gasto de 2’87 €/año por cada aragonés.
Lo anterior comportó que los algo más de 3.000 abogados que prestaron sus servicios percibiesen una media de 130 € por asunto o servicio. El esfuerzo que en la elevación de las percepciones se hizo desde el Gobierno aragonés sigue resultando insuficiente. Merece la pena recordar que el acceso a la Justicia es un derecho constitucional configurado como un servicio público; y que, incluso, la justicia gratuita es contemplada en nuestra Carta Magna.
Y no debiera olvidarse que este servicio debe contar con la atención necesaria por parte de los poderes públicos, atención esta que, entre otras exigencias, pasa por una dotación presupuestaria digna y adecuada. Porque en definitiva no hay mayor injusticia que la desigualdad en la justicia.
*Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita. Consejo General de la Abogacía Española
