Uno de los problemas mas graves de nuestra sociedad es la insultante desigualdad. Pero, desde los poderes políticos no se hace nada para corregirla. Desde la derecha el discurso es que para «reducirla» se necesita crecimiento económico, que generará empleo a raudales. No dicen qué tipo de empleo. En España con una alta tasa de paro estructural, cuando se crece el empleo es inestable, precario, a tiempo parcial…Por ello, hoy existen trabajadores pobres. Acepto la opción de reducir la desigualdad con pleno empleo y de calidad. Mas, en este sistema capitalista neoliberal es una utopía. Ya en 1944 el economista Kalecki en el artículo Aspectos políticos del pleno empleo: «En verdad, bajo un régimen de pleno empleo permanente, el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría». Por otra parte, según el informe McKinsey de 2016, el 49% de los trabajadores actuales, en los próximos años, está destinado a ser sustituido por la robotización y digitalización. En esta escasez de trabajo, a nadie se le ocurre, y quien lo plantea se le considera un extraterrestre, el repartir el trabajo. Por ende, por la vía del trabajo combatir la desigualdad es impensable hoy.
La única posibilidad es la Renta Básica Universal (RBU) para todos financiada a través de impuestos sobre las rentas. No es una idea de cuatro iluminados. Prestigiosos filósofos y sociólogos han trabajado sobre ella, como Philippe Van Parijs, Daniel Raventòs, Luigi Ferrajoli… Presente hoy en Alaska y experimentada en otros países, como Finlandia. Está llamada a convertirse en una garantía de social del futuro, cuando la población haya aumentado y el empleo se haya reducido en el futuro.
La RBU es el modelo más acorde con el constitucionalismo profundo de nuestras democracias y la que mejor garantizaría la segura y automática plasmación del derecho a la existencia y a una vida digna. El artículo 10.1 de nuestra Constitución señala «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El Art. 15 «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…»
Con ella, resultarían excluidos por su carácter universal cualquier connotación caritativa asociada a la renta condicionada y, por consiguiente, el estigma social y la conexa discriminación que se seguirían de una indemnización ligada a la falta de trabajo y a la pobreza. Su atribución a todos como derecho universal, además de ser garantía del derecho a la supervivencia, serviría como un factor de identidad y de dignidad del individuo en cuanto a persona o ciudadano.
El universalismo, ope legis, de tal RBU, reduciría toda la carga burocrática del modelo condicionado, en el que hay que comprobar la existencia de otras rentas, del desempleo involuntario o del estado de necesidad.
A su vez esta medida universal es la única que, asegurando los mínimos vitales, sustraería a los trabajadores al chantaje de la explotación laboral y reforzaría su poder contractual y la fuerza suficiente para hacer valer sus derechos frente al empleador. Supondría una garantía esencial no solo de quien no tiene trabajo, como también del que lo tiene.
Sería ventajosa sobre todo para los más débiles, comenzando por los jóvenes, los grandes perjudicados a nivel laboral; y las mujeres, porque favorecería su emancipación de los vínculos domésticos. Estas verían acrecentada su autonomía frente a padres y maridos. Lo jóvenes podrían emanciparse más pronto de sus familias y proyectar con más libertad su futuro. Así se incrementaría la cohesión social, la seguridad y el sentido de pertenencia a la comunidad política.
Equivaldría a una justa redistribución de la renta nacional que, precisamente al darse a favor de todos, serviría para compensar en pequeña parte su inicua distribución en unos pocos por obra del mercado capitalista.
En suma, la RBU, unida a la gratuidad de los derechos sociales, llevaría a cabo una profunda reforma del welfare (Estado de bienestar). Serviría para incrementar la productividad y la calidad del trabajo, y a su vez mayor seguridad del futuro, con el incremento del nivel de felicidad. En 1789 Lavoisier en los Estados Generales dijo: «El objetivo del gobierno es hacer lo más felices posible a quienes viven bajo las leyes. La felicidad no puede estar reservada a unos pocos, sino a todos». Haría crecer la demanda y con ello el consumo, la producción y las inversiones. Reduciría, en fin, la conflictividad entre capital y trabajo, atenuando la tragedia que supone la pérdida de este.
Obviamente su financiación requeriría una reforma fiscal en profundidad y la eliminación de la elusión y evasión fiscales. Hay que luchar contra el fraude y acabar con los paraísos fiscales (PF). Según el Consejo General de Economistas REAF España pierde cada año 11.000 millones en PF. Para los técnicos de Hacienda (Gestha), la economía sumergida supone unas pérdidas de 70.000 millones de euros, un 25% del PIB. Es el tiempo de arrimar el hombro y especialmente las grandes fortunas, que alardean de patriotas. La política debe corregir está situación.
*Profesor de Instituto
