Nadie dijo que fuera fácil buscar alternativas a la prevista desaparición del carbón en las cuencas mineras turolenses. Por eso, con tiempo, se fueron inyectando los fondos del Plan Miner que debían paliar el mazazo socioeconómico que representaría el fin de las minas y, en última instancia, de la planta que transforma los lignitos en electricidad, la térmica de Andorra, con fecha de caducidad en junio del año que viene.

El Gobierno central ha destinado en los últimos 20 años más de 400 millones de euros para mejorar la calidad de vida de esos habitantes amenazados por el futuro, de las infraestructuras de los municipios que los envuelven y les comunican y de impulso de la actividad económica que debía coger el testigo del mineral.

Dos décadas después de semejantes inversiones, la Cámara de Cuentas de Aragón analiza las cifras y concluye que no han servido para compensar el cierre minero y mucho menos para evitar la despoblación que se temía como consecuencia del fin de la actividad tradicional en la zona. Un tercio de los fondos se los llevó la mejora de carreteras y casi otro tanto los polígonos industriales que no han diversificado la implantación empresarial que, como siempre, se han ido a las localidades más grandes y limítrofes con las cuencas mineras. La Cámara pide que se afine la rentabilidad de las inversiones. Qué menos.

Si esto es así en una zona acotada cuyo declive se ve venir y durante 20 años se destinan fondos para combatirlo sin acertar del todo, asusta pensar qué plan se puede estar pergeñando para luchar contra la despoblación en todo el territorio y la necesidad de que los millones que se destinen sean eficientes. O a lo mejor el Miner abre los ojos.

*Periodista