Nula de pleno derecho la recalificación de suelo que permitió iniciar la ya muy avanzada construcción de Torre Village (también conocida como el outlet de Pikolín), los grupos municipales que impusieron tal acuerdo en el pleno, contra la voluntad del gobierno municipal de Zaragoza, aún no han dado algún tipo de explicación coherente al respecto. La respuesta oficiosa a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) oscila entre la alusión a futuros recursos ante el Supremo y la insistencia en que, sea como fuere, el centro comercial se abrirá según lo previsto porque es una inversión «beneficiosa» para la ciudad.

El outlet provocó en su día uno de los debates municipales más intensos del presente y agitado mandato. La resistencia de ZeC y de CHA a recalificar la vieja fábrica de Pikolín mediante una modificación sobre la marcha del plan parcial de la zona no logró vencer la determinación de PP, PSOE y Ciudadanos, que en una acción tripartita lograron imponer dicha maniobra. Contra ella se alzaron en los tribunales asociaciones de comerciantes y vecinos, y ahora la sentencia ha sido concluyente: el procedimiento no fue el adecuado porque hubiera sido preciso retocar directamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La situación no puede ser más resbaladiza. Sobre todo porque Torre Village está realizada en sus tres cuartas partes, hay contratos firmados con diversas empresas que habrían de instalarse allí y la anulación de permisos desencadenará importantes pérdidas de las que habrá de responder... ¿la ciudad? Hay otra opción: seguir con el proyecto como si no hubiese pasado nada y arriesgarse a crear un extraño limbo idéntico al que se da en la antigua estación de Utrillas, cuya área comercial funciona al margen de la ley.

A estas alturas parece imprescindible encontrar algún tipo de salida razonable que minimice las pérdidas. Pero ello no puede hacerse por la vía de los hechos consumados ni consagrando, por encima de los tribunales, una manera de ordenar el urbanismo de Zaragoza que no respeta las normas. Los responsables del desaguisado deberían asumir su error y ofrecer soluciones factibles. Porque ya han sido demasiadas las ocasiones en las que importantes contenciosos se han dejado morir de instancia en instancia, hasta que al final han sido los vecinos quienes han cargado con el gasto. Otra vez no, por favor.