Ya tocaba. El Gobierno de Aragón ha emprendido acciones legales para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo del 2009 por la que se condenaba a Inquinosa al pago de 6,4 millones de indemnización. La empresa de Sabiñánigo cometió un delito medioambiental con el vertido incontrolado de residuos de lindano durante 15 años. Sus consecuencias todavía colean, con la inversión pública aportando fondos para contener las escorrentías de los depósitos de Bailín y Sardas. Un desastre que no puede quedar impune, aunque la primera sentencia favorable a la DGA date de hace 10 años.
